(...) Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser, miedo de morir, miedo de vivir.
Eduardo Galeano extracto de "El miedo global" en: Patas Arriba. La Escuela del Mundo al Revés, Quinta Edición (España), 2000, p.83
La falta de seguridad ciudadana ha pasado a ser en los últimos tiempos uno de los temas centrales de preocupación de los ciudadanos y, por tanto, una de las cuestiones a resolver por los responsables políticos de principios de este siglo. De este modo, Kris Bonner dice:
El interés de la población que hace referencia a la delincuencia ha aumentado enormemente en los últimos años. (....). La seguridad es una condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad y uno de los principales criterios para asegurar la calidad de vida.
En efecto, la crisis de la seguridad y su correlativa necesidad de reforma han conducido a que, en ocasiones, desde los ámbitos de gobierno se formulen recetas simplistas para actuar sobre los síntomas y no sobre las causas, conocidas en el ámbito anglosajón como la búsqueda de la bala color de plata, que alude a la leyenda del hombre lobo, que, como la falta de seguridad, amenaza a la sociedad. Sin embargo, la bestia inmortal, tiene un talón de Aquiles, se puede acabar con ella con sólo un disparo con una bala de plata al corazón.
De este modo, por ejemplo, hemos asistido impávidos a la equiparación entre inmigración y delincuencia. Es evidente que los problemas de emigración no pueden ser resueltos mediante la criminalización o el rechazo a la diversidad. Es más, esta banalización solamente ha conseguido aumentar la confusión y la preocupación de los ciudadanos. Si reflexionamos, lo que tendremos que aducir es que detrás de la inmigración lo que hay es el respeto a la diversidad: resulta evidente, que lo que es diferente ha de ser tratado de manera diferente.
Por ello podemos precisar como muy acertadas las palabras de Albert Buitenhuis, quien afirma:
La gente piensa, siente y actúa de manera diferente, y eso significa que no todo el mundo tiene las mismas habilidades. De hecho, siempre ha habido diferencias entre la gente: es un fenómeno común. A lo sumo, nosotros podemos concluir que nuestra sociedad está convirtiéndose progresivamente en diversa. Esta realidad, no obstante, de ninguna manera es el resultado de la corriente constante de inmigrantes. El hecho de que la gente es diferente también tiene un efecto en las organizaciones y, por lo tanto, la cuestión de si tendríamos que trabajar o no con la diversidad dentro de las organizaciones es, en consecuencia, irrelevante, porque lo hemos estado haciendo durante siglos. (....).
Sin embargo nuestra cultura no apoya a la diversidad. No nos gusta la gente que se desvía de los demás, no porque tengamos mentalidades estrechas, si no porque este hecho comporta problemas y las organizaciones encuentran difícil tratar con problemas de esta naturaleza.
Y, de la misma manera que no podemos resolver el problema de la diversidad con soluciones sencillas, por la propia naturaleza del problema, hemos de asumir que por mucho que nos suponga problemas, el hecho de la seguridad, de acuerdo con la concepción que defendemos, es un problema complejo, que afecta la sensación de las personas, de influencia fundamentalmente urbana de clase transversal (institucional, económica y social), que por lo tanto, exige un debate complejo con la participación de los ciudadanos donde se deriven soluciones, también complejas.
Por ello, las personas tenemos la necesidad de buscar seguridad en cuanto que somos extremadamente vulnerables, es decir, muy susceptibles de ser heridos física o moralmente. Esta realidad indiscutible y el hecho que siempre haya sido así y que siempre lo será, explica por si misma el por que de la seguridad. Los responsables de satisfacer esta necesidad objetiva de seguridad somos las mismas personas y la comunidad en que estamos inmersos.
En este sentido, son las diferentes comunidades políticas quienes desarrollan, legítima y consecuentemente, las políticas de seguridad.
Buscar seguridad no es más que reducir los niveles de vulnerabilidad de las personas frente a las diferentes amenazas y peligros que se pueden identificar; prever la evolución del futuro con el objetivo de evitar de aquello que históricamente nos ha amenazado y puesto en peligro nuestra vida y/o libertad.
Las amenazas y peligros sobre las personas – las fuentes de inseguridad – son diversas; a veces comunes a todo individuo o comunidad, a veces particulares sobre determinados lugares o colectivos. Estos peligros pueden ser fenómenos aislados geográficamente o rebasar las fronteras políticas establecidas y alcanzar una dimensión internacional. También depende del contexto histórico en el que nos encontremos.
Las amenazas a la seguridad son multidimensionales y afectan a diversas áreas de la vida: la económica, la social, la medioambiental, la militar, la ética y derechos humanos, etc. Además, muchas de estas amenazas son interdependientes y tienen una dimensión transfronteriza. Las características de estas amenazas nos hacen pensar que la búsqueda de seguridad debe ser un esfuerzo colectivo en el que todas las personas y unidades políticas deben participar.
En este sentido, ya que la seguridad es un pre requisito básico para que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas y desarrollar sus potencialidades como seres humanos se ha constituido como un Derecho Humano exigible; como tal obliga éticamente a las personas a ofrecer seguridad sobre los demás. En cuanto al Derecho Humano es irremediablemente, también una obligación humana.
La inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los grandes desafíos de las sociedades contemporáneas. El impacto del fenómeno sobre la calidad de la vida de los ciudadanos obliga a los gobiernos nacionales y locales y a los sectores organizados de la sociedad, a diseñar esquemas alternativos a los existentes que, siendo en su cometido de disminuir los niveles de inseguridad, no sacrifiquen el avance de la Democracia y el respeto por los Derechos Humanos y las Garantías Ciudadanas.
SEGURIDAD CIUDADANA
Antecedentes del concepto de seguridad
En absoluto es en balde la expresión de un concepto de seguridad, puesto que en función del concepto de seguridad del que nos dotamos, determinaremos la política de seguridad necesaria.
El concepto tradicional de seguridad es el que lo asociaba con la represión del delito y el mantenimiento del orden, se trataba, pues, de un concepto de seguridad situada en el entorno del control y de la criminalidad y eminentemente reactiva. A este concepto se adscribe la definición que de la policía hace el Código de Brumario del año IV:
La policía está instituida para mantener el orden público, la libertad, la propiedad y la seguridad individual.
La evolución natural, en comparación con la medicina (asimilando el delito con una enfermedad del cuerpo social), hizo que se sopesara la seguridad de la represión a la prevención, intentando actuar, también, sobre las causas y no solamente sobre los síntomas. A esta concepción preventiva y, por tanto, pro – activa, de la seguridad, hace falta atribuir la incorporación de elementos nuevos a estas políticas, de suerte que a las mismas ya no les son extrañas las políticas sociales, de ocupación o, aun, urbanísticas y, de rebote, la incorporación, también, de profesionales de diferentes disciplinas. En este sentido se expresaba la Grande Encyclopédie de 1910:
No se conoce sociedad organizada sin que exista un poder de policía que asegure a sus miembros la seguridad interior, reprimiendo y previniendo delitos.
Con la democratización de nuestras sociedades y la puesta en vigencia de las Constituciones políticas, a las tareas policiales de represión y prevención del delito, se les añadió y antepuso el de protección de los derechos y de las libertades de los ciudadanos, utilizándose en muchos de ellas lo siguiente:
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
Formulación moderna pero a la vez tradicional, puesto que sus antecedentes evidentes se encuentran en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano:
La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano, necesita de una fuerza pública: esta fuerza es, pues, instituida en beneficio de todo el mundo, y no para la utilidad particular de aquellos a quien ha estado confiada.
No obstante, más allá de las definiciones programáticas sobre la policía, lo que si es cierto es que todas ellas traigan implícito un concepto de seguridad contingente, que hace falta ser conceptualizado en función del tiempo y la sociedad donde ha de operar.
Para adoptar un concepto de seguridad, hace falta examinar las declaraciones internacionales en la materia en los últimos años. Del examen de las mismas surgirán suficientes elementos para hacer una definición de seguridad válida y que presente bastantes elementos de concurrencia por tener una pacífica aceptación.
Pese a que son muchas las voces que se alzan en ese sentido, muchos responsables en materia de seguridad siguen aplicando ópticas de corto plazo y políticas reactivas. En el proyecto de manual del Congreso de los poderes locales y regionales de Europa, organizado por el Consejo de Europa, en sus puntos 3,b) y 3.c) indica lo siguiente:
Adoptar una aproximación más estratégica y holística, sorteando la sectorización en materia de la lucha contra la inseguridad urbana;
Comprender que la protección del medio urbano es un proceso complejo que exige la contribución de un gran número de actores trabajando en partenariado.
A su vez, el Manifiesto y las Resoluciones de los temas abordados por las ciudades europeas sobre Prevención y Seguridad en la conferencia de Nápoles los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2000, afirma:
La inseguridad no puede reducirse únicamente a los problemas de criminalidad. La inseguridad es una problemática compleja: está atada a los problemas de sanidad, de medio ambiente, de urbanismo, de formación; es el resultado de desigualdades crecientes en el acceso a los recursos; pone en juego conflictos de intereses, sobre todo con respecto a la división y al uso del espacio y de los ritmos de la ciudad (tiempo libre por la noche, deportes, prostitución). La inseguridad es un riesgo urbano al que hace falta darle respuestas civiles.
Sin embargo, por otra parte, todos los especialistas en seguridad coinciden en este aspecto. Francisco Carrer, por ejemplo, postula:
Se analice como se quiera, la inseguridad (que es hoy en día como un fenómeno específico de las realidades urbanas de todo el mundo) se caracteriza por la complejidad y la variedad de los parámetros que contribuyen a constituirla (.....).
Darío Padovan, por su parte explica:
(...) una reflexión sociológica de la inseguridad social desarrollada paralelamente a otras directrices de búsqueda más amplias, y que intenta captar la complejidad (....)
Finalmente, quizás vale por todos lo que dice Amadeu Recasens:
(...) para el análisis de la seguridad, el concepto de complejidad tiene que ser asumido en toda su integridad (...).
Por lo tanto, ante un problema complejo hace falta descartar soluciones simplistas, del estilo de la tolerancia cero impulsada por el alcalde Guiliani para convertir a Nueva York en una ciudad segura, solución reactiva exclusivamente de cariz policial y penal, no social y proactiva.
Si bien es cierto que la inseguridad disminuyó en Nueva York, también lo es que disminuyó en todos los Estados Unidos y que, por ejemplo, en San Diego, la disminución operó con un sistema de policía comunitaria. Lo que sí aumentó en Nueva York, fueron las denuncias por brutalidad policial en el marco de una política que tuvo como consecuencia la estigmatización de la miseria.
El problema radica, por otro lado, en que el ciudadano común, razonando con los elementos a su alcance, delante del incremento de la sensación de inseguridad, inequívocamente pide, en primer lugar, más presos y más penas y, en segundo lugar, más policías. Los responsables de las administraciones habrán de hacer todo lo posible para no caer en esta simplificación y poder actuar sobre las causas de la sensación térmica de seguridad.
Si, por el contrario, se opta por una solución del tipo de tolerancia cero o de mano dura, se estará actuando, solamente, sobre dos vectores del sistema.
- En primer lugar sobre el sistema penal, pero, hemos de saber que se trata de una actuación, en gran parte, estéril, puesto que el sistema penal, de media, únicamente acaba sentenciando a prisión entre un 1 % y un 5 % de los delitos cometidos.
- En segundo lugar, el reclamo de más policías, tampoco es una solución, puesto que no hay una relación directa entre el número de policías y el nivel de seguridad, sencillamente porque cuando se comete un delito es cuando la policía no está presente. Es más, en determinados casos, la presencia visible de más policía lo único que hace es aumentar la sensación de inseguridad. Es decir, no hace falta poner a más gente haciendo lo mismo, sino que lo que hace falta hacer es ver cual es el número de policías óptimo por número de habitantes.
Es bueno recordar también que en el manifiesto y las resoluciones de los temas abordados por las ciudades europeas sobre prevención y seguridad en la conferencia de Nápoles los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2000, se dice:
A menudo se ha recurrido a los servicios policiales, a la justicia penal y al encarcelamiento masivo para reducir la delincuencia, la violencia y la inseguridad. Es inaceptable el incremento registrado en el número de personas encarceladas en Europa desde hace veinte años (por ejemplo: un 43 % en Gran Bretaña y un 39 % en Francia). Es fundamental respetar tanto los intereses de las víctimas, como los de las víctimas, como de las colectividades y los infractores.
Al hablar de las opciones en materia de seguridad, el Manifiesto y las Resoluciones de los temas abordados por las ciudades europeas sobre Prevención y Seguridad en la conferencia de Nápoles los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2000, afirman:
La seguridad colectiva e individual son fundamentales para la vida humana. La criminalidad amenaza la calidad de vida de los habitantes, traumatiza a las víctimas y pone en peligro la voluntad cívica.
La inseguridad, pues, afecta a la esencia misma de la dignidad humana y a la vida en sociedad de suerte que, sin seguridad, no hay ejercicio posible e igualitario de los derechos de las personas. También es un problema complejo, que no se puede abordar simplemente, con el recurso tosco de penas más duras y más policías en la calle. Entonces, la pregunta de que hace falta hacer, es la siguiente: cuales son los elementos que hay que tener en cuenta en el abordaje a la inseguridad.
Un buen punto de partida es la definición de seguridad contenida en la declaración final del "Seminario de reflexión científica sobre el Delito y la Seguridad de los habitantes", realizada en Costa Rica los días 9 al 13 de octubre de 1995. El punto tercero de esta declaración afirma:
(...) Un concepto verdaderamente amplio y comprensivo de seguridad de los habitantes tiene que comprender no solamente la tranquilidad de no ser víctima de hechos delictivos sino, también, la de vivir en un Estado constitucional de Derecho y la de participar de los beneficios del desarrollo en materia de salud, educación, vivienda, ocio y todos los ámbitos de bienestar social. El concepto es el del desarrollo humano sostenible, que tiene la equidad como principio.
Esta definición, pues, se aparta de la tradicional que vincula seguridad con la ausencia de delito y la amplía a una forma concreta de Estado: el social o del bienestar; puesto que, ¿qué otro tipo de Estado proporciona los bienes públicos salud, educación, vivienda, ocio y todos los ámbitos del bienestar social?; ¿de que tipo de Estado se puede predicar el desarrollo humano sostenible?. Lo miremos por donde lo miremos, solamente hay una respuesta: Estado del bienestar.
En muy idéntico sentido se expresa el manifiesto y las resoluciones de los temas abordados por las ciudades europeas sobre prevención y seguridad en la conferencia de Nápoles los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2000 en su punto 14.
La seguridad es un bien común esencial para el desarrollo sostenible. Es a la vez signo y condición de inclusión social, del acceso justo a otros bienes comunes como son la educación, la justicia, la salud y la calidad del medio ambiente. Promover la seguridad es desarrollar un bien común y no consiste, sobre todo, en hacer de policía o en recurrir al sistema penal.
Analizando las dos definiciones, encontraremos que se hace una opción (muy notable, si tenemos en cuenta que nos encontramos en plena época de globalización, liberalización y desregulación) para relacionar seguridad ciudadana y Estado del Bienestar.
Doctrinalmente, pues, lo que estamos diciendo es que la falta de seguridad en los aspectos sociales, laborales o económicos, implica ineludiblemente una carencia de inseguridad ciudadana o lo que es lo mismo: si predicamos la necesidad de la existencia de seguridad ciudadana para el normal desarrollo de las personas en la sociedad, tenemos que proveer a los ciudadanos de los bienes suficientes que los doten de seguridad en todos los ámbitos de su vida.
En este mismo sentido, ante la retirada del Estado del bienestar, como que al Estado no se le puede pedir hoy seguridad social, en su defecto, se le pide penalización.
La declaración final del "Seminario de reflexión científica sobre el Delito y la Seguridad de los Habitantes", realizada en Costa Rica los días 9 a 13 de octubre de 1995 se expresa en el sentido siguiente en sus puntos séptimo y octavo:
Se considera necesario promover políticas más efectivas e integrales delante del delito, y no continuar reaccionando solamente por la vía de los sistemas de justicia penal. Se imponen diagnósticos globales del problema y programas que integren la acción de las diferentes agencias responsables en cada caso.
Las políticas tendrán que comprender una amplia prevención primaria, con acciones en todos los ámbitos del bienestar social, y procurar que los beneficios del desarrollo lleguen a todos los sectores de la población y promuevan la integración, y la no exclusión, de los sectores pobres y marginales, al considerar que a la problemática social la acompañan los fenómenos de la corrupción, el paro, la subocupación (...), violencia, así como pérdida y sustitución de valores.
La receta del Consejo de Europa sobre esta cuestión es la expresada en el proyecto de manual del Congreso de los poderes locales y regionales de Europa, organizado por el Consejo de Europa, los días 29 a 31 de mayo de 2001, en sus puntos 6.a), 6.b), 6.c) y 6.d) recomienda lo siguiente:
(...), evitar las calles desiertas por la tarde, garantizar dentro de la medida de lo posible en los centros de las ciudades una combinación de funciones para evitar la agrupación de las minorías, de las personas socialmente desfavorecidas y de los delincuentes en un solo sitio;
Tomar las medidas para erradicar las actividades criminales dentro de ciertos barrios de la ciudad y evitar la formación de grupos desfavorecidos, en particular evitar que tengan el sentimiento de que no tienen nada que perder;
Proveer de instrumentos legales para luchar contra la violencia familiar, contra la cultura de la violencia, contra la discriminación por motivos de raza, religión, origen social y sexo, y hacer apología de la noción de ciudadanía.
Formular y aplicar los programas contra las toxicomanías y el alcoholismo, en conjunción con los servicios sanitarios y sociales; elaborar programas de información destinados a los jóvenes y a las secuelas;
El sentimiento subjetivo de seguridad: el gran delito, el delito ordinario y los comportamientos incívicos
En el manifiesto y las resoluciones de los temas abordados por las ciudades europeas sobre prevención y seguridad en la conferencia de Nápoles los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2000, también se postula lo siguiente:
La inseguridad no es simplemente el temor al robo o a la agresión. Puede nacer también del peligro provocado por un automóvil, por un entorno nocivo precario y, sobre todo, por el temor a no disponer del espaldarazo de una ayuda o de un servicio que aporte protección o reparación.
Debemos de entender que la superación de la vinculación cerrada entre seguridad y delincuencia, pero por una vía diferente: la del concepto subjetivo de inseguridad. La seguridad engloba, por lo tanto dos conceptos: de una parte, el objetivo, que estaría representado por el incremento del delito y, por otro, el subjetivo que vendría determinado por la sensación de incertidumbre, de riesgo o de miedo que tiene el ciudadano por el desarrollo de lo que se denomina delincuencia ordinaria y los actos incívicos, diversos y no agrupables bajo una sola categoría pero que, no obstante, no entran dentro de la categoría de delitos. Delincuencia ordinaria y actos incívicos , se producen en el ámbito más próximo al ciudadano y, por lo tanto, afectan más directamente a su sensación térmica de seguridad.
Sin lugar a dudas la seguridad ciudadana es un tema que concita la atención actual. Casi todas las plataformas políticas han sentado sus bases de proyección en función a este tema, pero esto no es un tema que se proyecta solo en este tiempo, este tema tiene ya sus bases fundamentales desde los inicios de la existencia del hombre sobre la tierra. Se consideraba la seguridad como una condición inherente a la vida del ser humano, un privilegio como elemento fundamental para su desarrollo físico y social.
Todos sabemos que desde los inicios de la aparición del hombre sobre la faz de la tierra ya buscaba el grupo, la reunión, para poder preservarse de los elementos naturales, de las fieras, aún en las cavernas, en los clanes ya buscaba la seguridad como medio fundamental para su supervivencia. De esta manera ya se fueron visualizando las primeras bases de los liderazgos, ya empezaba a nacer el sentido del orden, de reconocimiento y de la convivencia integral. Empezábamos a notar como humanos en ese tiempo que la seguridad era sinónimo de organización, de responsabilidad, de solidaridad, que generalmente los grupos humanos fuimos desarrollando.
Conforme crecen las ciudades, conforme crecen las necesidades de seguridad es que se empiezan a formarse las organizaciones más complejas, con mejor infraestructura, mayor exposición de acciones directas para mantener la tranquilidad, el orden dentro de estas comunidades.
Es en este contexto, que se empiezan a formarse los primeros serenos con su preocupación fundamental de alertar a las comunidades cuando se presentaba algo que iba a interrumpir su sueño, su descanso o su trabajo normal y se comenzaron a formar las guardias, las milicias, las organizaciones policiales y desde ahí se identifica la acción policial por la acción represiva de la actitud delincuencial.
Desde allí empezamos ya a comenzar a actuar previniendo la acción delincuencial por que interrumpía el desarrollo normal de las actividades de las comunidades. Es por eso que se empieza a perfilar las nuevas políticas que tienen en consideración que los gobiernos deben enfrentar a la delincuencia como una prioridad para alcanzar niveles de tranquilidad y allí la policía empieza a especializarse, comienza a delinear nuevas estrategias para poder solventar esos espacios de intranquilidad.
Empezamos a darnos cuenta de que con tranquilidad y sin delincuencia las ciudades necesariamente tienden a ser más seguras y una ciudad más segura aumenta rápidamente su desarrollo hacia el logro de sus objetivos más especiales. Por eso podríamos entender que la seguridad ciudadana es una situación de normalidad en la que la comunidad desarrolla sus actividades dentro de un contexto de orden, paz y tranquilidad y en un marco de equilibrio social y legal.
Este marco especial dentro del que se desarrollan las actividades comunitarias, obviamente, permitirá y permite crecer y desarrollarse a las ciudades, que los ciudadanos pueden invertir y obtener sus logros, que puedan planificar su trabajo, puedan alcanzar metas. Este conjunto de acciones en un marco de tranquilidad que podrá trascender en el desarrollo, requiere de la participación de la ciudadanía en su conjunto.
La seguridad ciudadana entonces es el conjunto de medidas y previsiones que adopta el Estado a través de sus instituciones dentro del marco de la ley y los derechos humanos para que la comunidad pueda desarrollar sus actividades libres de riesgo y amenazas.
Debemos entender que la seguridad es tarea de todos; pero para cumplir con estos cometidos es necesario que se acepten los cambios, que se estimulen las responsabilidades, romper marcos y buscar identificarnos con el tema de la seguridad ciudadana. Tenemos que aceptar los cambios y que todos se integren a la comunidad y a los trabajos sobre seguridad ciudadana.
Para ello debemos de construir cada uno con su acto, su vocación, su calidad de persona, a no generar ambientes de intranquilidad. En este aspecto, cada día nosotros somos concientes de que debemos respetar normas, respetar leyes y también exigir se respeten nuestros derechos cumpliendo nuestras obligaciones.
Muchas veces las inseguridades las vamos generando nosotros mismos con nuestras conductas y negligencias, por desatinos, falta de consideración y aceptación mutua a la interrelación personal por algunas imponderaciones propias de la personalidad del hombre. Por eso es que es imprescindible cambiar, debemos de romper marcos para poder ingresar a este tema tan nuevo e importante como lo es la seguridad ciudadana.
Debemos de comprender que la seguridad abarca todas las instancias en donde el ser humano desarrolla sus iniciativas.
Por otro lado se habla de la seguridad, no como un problema delincuencial, de delincuencia menor o de crimen organizado. Debemos de hablar de presentar iniciativas, participar activamente. Es necesario recordar una palabra que desde hace mucho tiempo no se encuentra en nuestro léxico, la solidaridad. Se ha perdido su práctica, cada uno nos aislamos en nuestros propios problemas y evitamos inmiscuirnos en lo que no "nos compete" y así evitando inmiscuirnos en los problemas de los demás, estamos evitando inmiscuirnos directa y participativamente a la solución del problema del Estado. No se hace, por que no se quiere romper marcos, siempre estamos atados a tradiciones, conservadurismos o a ideas trasnochadas. Debemos cambiar.
La seguridad crea todo lo necesario para que después todo, en la ciudadanía, resulte productivo, para que las iniciativas puedan generarse y consolidarse y se conviertan en productos tangibles, conservables. La seguridad no es acción de uno solo, la seguridad es un acto mancomunado y tácito entre las instituciones dentro de las cuales no escapa la Policía.
La seguridad y el desarrollo convocan la participación de todos, no solamente de la Policía, es tarea de todos. Sabemos que todo individuo busca seguridad y un Estado donde se privilegia la seguridad es un Estado que esta orientado a buscar el crecimiento de sus comunidades. Un esfuerzo para crecer sin seguridad trae consigo grandes pérdidas.
Para el problema de seguridad, la solución es la prevención antes que la intervención desde nuestra condición de ciudadanos y miembros de una comunidad o de un país. Debemos estar mucho más unidos a la sociedad, solidariamente participativos para ver si el amigo, el vecino está incurriendo en alguna falta o en alguna negligencia que puede producir una desgracia.
Orientar al cambio, sugerir cambios, que se tomen nuevas posiciones, así dejamos de ser egoístas y somos solidarios y vamos construyendo un tejido positivo de comunicación, de interrelación que haga que todos nosotros vivamos en paz.
La conciencia de seguridad debemos tenerla todos. Una conciencia de seguridad no solamente nos debe orientar a mirar a los delincuentes, la conciencia de seguridad nos lleva a tomar actitudes definidas que no desentonen con el común denominador de los ciudadanos respetuosos de los derechos de los demás y también haciendo prevalecer lo propio.
Otro hecho fundamental a destacar es la familia, la familia también debe de tener seguridad. También muchas veces la familia tiene inseguridad emocional, observan indiferentes como sus hijos se orientan hacia acciones negativas como la violencia, enfermedades mentales, delincuencia, drogadicción y por no decirlo pandillaje, barras bravas, violación, etc.
Nosotros como pueblo y familia debemos hacer cada cierto tiempo una reflexión en pareja y analizar de veras si nuestras acciones como padres de familia están orientadas adecuadamente a educar a nuestros hijos, cómo debe de ser, signándole los valores esenciales, acciones de responsabilidad, de fuerza de voluntad, de persistencia para alcanzar sus objetivos, que vean en el padre o la madre la imagen objetiva a seguir y a superar. Eso se está descuidando en todos los niveles, alto, medio, bajo, porque egoístamente también nos centramos al esfuerzo de sostener la economía del hogar y descuidamos un tanto lo más importante, la familia, la crianza y desarrollo de nuestros hijos.
Debemos también de ver que nuestras familias se descomponen un tanto, por el resultado del vacío de comunicación y de afecto e integración de padres a hijos y de hijos a padres, que degenera en una falta de control. La consecuencia, mala formación, malos hábitos, tal que ya no existe consideración a la autoridad de los padres y ahí viene el ingreso de los problemas de violencia juvenil, los problemas de violencia familiar.
De ahí que se busque soluciones integrales, que permitan cuidar primero la familia, potenciarla. ¿Cómo? En base a capacitaciones, vinculaciones permanente a profesionales que tiendan a buscar y, porque no decir, brindar el consejo y la reflexión oportuna, la orientación técnica de los psicólogos, la consulta oportuna para aliviar alguna situación , para desechar el estrés de los padres, para alimentar la relación afectiva entre padres y puedan dar un verdadero afecto y amor a sus hijos, para que en base a esa sólida función familiar como célula fundamental de la sociedad se construya un nuevo Estado.
Los niños y los jóvenes de hoy ya tienen un marco referencial de comportamiento, a ellos nos toca ayudarlos a reflexionar, orientarlos y en la medida que sea posible estimular esfuerzos multisectoriales para presentarles respuestas concretas a sus frustraciones, a sus inquietudes, buscar alternativas de superación. Una especial atención a los niños porque ellos sí están presentándonos la esperanza de que nuestro futuro mejore en un país mucho más integrado, de sólidas convicciones y estructura de seguridad ciudadana.
La seguridad ciudadana también tiene que ver en el aspecto estructural de la formación de los distritos, de las ciudades y los barrios, para que sea una zona donde exista seguridad. Donde existe tranquilidad tiene más valor, tiene un valor mucho más positivo y económicamente contundente que un lugar donde no hay una buena seguridad ciudadana, donde no existe una norma adecuada de desarrollo, donde no existe una convivencia pacífica. Una zona donde existen conflictos, robos sociales, se desprecia y donde existe tranquilidad, donde existe buena convivencia, eleva su precio, su justiprecio.
La seguridad ciudadana es un concepto que engloba a dos fenómenos: el fenómeno de la criminalidad y el fenómeno de la inseguridad ciudadana. Sabemos que la criminalidad produce un conjunto de hechos de naturaleza criminal y traiciones al ordenamiento jurídico, infracciones de violencia familiar, de violencia social, así como los hechos que sin estar comprendidos en la normativa penal constituyen violaciones a las normas sociales de convivencia pacífica.
En cuanto al sentimiento de inseguridad ciudadana debemos de señalar que es el producto de una sensación, de la percepción, que tiene el ciudadano promedio de cual es el ambiente en el que vive.
¿Cuál es el ambiente de seguridad en su comunidad?. Si lo encuentra aparente a sus expectativas pues no habrá inseguridad, si no lo encuentra, ese sentimiento de inseguridad estará permanente latente en todos sus miembros, por eso es que existe mucha preocupación de aquellas comunidades donde decimos que hay violencia juvenil, pandillaje. Los vecinos se desplazan con cuidado temerosos de dejar su casa o que fueran objeto de robos menores, temerosos des desplazarse porque pueden ser objeto de asaltos o de agresiones y viven permanentemente en un ambiente de inseguridad.
Existe una desproporción entre el sentimiento de inseguridad ciudadana y los verdaderos índices de criminalidad, pero esta apreciación obedece a diversos factores tales como la desconfianza en la actuación de la policía. Eso es cierto y no lo podemos negar, pero también la presencia de elementos sociales que acrecientan los temores. Entonces nosotros debemos estar interesados en generar ambientes de mejor desarrollo y nivel de seguridad ciudadana.
En el tema de seguridad ciudadana, hay que agregarle algo importante. Se debe de adoptar una actitud eminentemente preventiva ya no coercitiva, constructiva. Por eso es necesario un trabajo integral, multisectorial, de apoyo a la prevención para evitar la represión.
Se debe permanentemente coordinar con los gobiernos locales. Hoy surgen en la actividad municipal los comités de seguridad ciudadana, formados, integrados por el alcalde o gobierno local, la Policía y la comunidad organizada en juntas vecinales.
Las instituciones representativas del Estado deben atender concertadamente la problemática de seguridad ciudadana, en donde la voz, la palabra, la sugerencia del alcalde, del vecino, del ciudadano, sean permanentemente escuchadas y sea tomada en cuenta; pero es necesario para esto hacerles una respetuosa y previa reflexión. Una posición de participación debe ser asumida con responsabilidad, con profundo sentido de justicia y equidad, sin egoísmos y actitudes partidaristas que antes de concertar van a generar una disgregación de ideas, una interrupción de los propósitos de otros ciudadanos para converger en determinaciones efectivas para el desarrollo de la comunidad.
Es igualmente necesario que se fortalezca los servicios policiales de seguridad ciudadana bajo este contexto, dentro de los términos de procesos de reestructuración de la Policía, surgen dos premisas fundamentales sobre las cuales se sustenta: primero, la importancia de los ciudadanos dentro de la seguridad ciudadana y, segundo, la presencia de una nueva modalidad de servicio que es la Policía Comunitaria cuya actividad ya se esta desarrollando y genera acercamientos positivos a la comunidad, buscando recuperar espacios de confianza y credibilidad donde los ciudadanos deban sentirse adecuadamente atendidos en todas las dependencias policiales hacia la cual tengan necesidad de concurrir.
Conocemos que la seguridad ciudadana es una función básica de la Policía, pero se requiere de una coordinación permanente, una cooperación permanente con los gobiernos locales, la comunidad organizada y las instituciones públicas y privadas.
Para poder trabajar debemos de cambiar de actitudes y proponer acciones de policía comunitario como un trabajo esencial de acercamiento a la comunidad; pero, participativamente, con la ciudadanía trataremos de afianzar esos niveles de seguridad ciudadana a través de la población por el propio bien de la comunidad capacitando a la Policía, orientado por sus acciones mixtas de patrullaje cívico para tratar de mantener el orden, fortalecer nuestros medios, nuestra convivencia y nuestras interrelaciones.
Debemos de enfatizar cinco aspectos fundamentales en el tema de seguridad ciudadana. Primero, que la seguridad tiene que ver con el curso de la historia, que quiere decir, que los problemas de seguridad se multiplican como las ciudades van creciendo, se van complejizando.
El tema de seguridad ciudadana en una comunidad campesina es con toda seguridad mucho menos compleja que el tema de seguridad ciudadana en otras ciudades. Y si hacemos referencia respecto a otras ciudades, el tema es cada vez más complejo. Eso quiere decir que a cómo van los años, crece la demografía de las grandes ciudades, crecen también las tareas al interior de las ciudades. El tema es amplio y nos va a convocar cada vez más, quiere decir que estamos ante una situación que va a esperar mucho más el compromiso de instituciones como la Policía, los municipios, las organizaciones sociales y también el ciudadano común y corriente.
El segundo aspecto, es que el tema es indudablemente muy complejo, porque tiene que ver no solamente con la violencia que cotidianamente entendemos como agresión física y psicológica, sino que el tema de seguridad ciudadana comprende las garantías que da el Estado para el ejercicio de todos los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, el derecho a la identidad, a su seguridad moral, física, al libre desarrollo, al bienestar, la salud, empleo, educación; estamos hablando también de una igualdad ante la ley de todos los ciudadanos comunes y corrientes; de libertad de conciencia, la libertad de información, de opinión, de expresión.
Es decir, que el tema de seguridad ciudadana es amplio que va indiscutiblemente mucho más allá de la sola tarea de la policía. Esta es la complejidad de lo que se ha denominado como seguridad ciudadana una tarea de todos y si nosotros complejizamos más el asunto, estamos hablando del ser humano de manera integral, con necesidades, pero también con potencialidades de saber ser, hacer, tener y poder. Aspectos que recorren el conjunto de necesidades humanas, articuladas hoy a posibilidades de ejercicio pleno de la libertad para optar entre alternativas y oportunidades que permitan el disfrute pleno de su desarrollo personal y social.
Un tercer aspecto, es la seguridad ciudadana como un compromiso de todos, sabiendo que dentro de todos hay quienes tienen papeles más importantes que otros, como el educador, el policía que tienen un papel fundamental en este conjunto de cosas que se señalan, pero también con responsabilidades más delicadas y tal vez más grandes: la familia, los padres respecto a los hijos, los padres como ciudadanos miembros de la sociedad.
Cuando hablamos de seguridad ciudadana estamos hablando de niños, jóvenes, adultos, ancianos, mujeres, de absolutamente todos. Este es un aspecto que debe de invitarnos a reflexionar en estos tiempos, sobretodo cuando la familia se resquebraja y hay una crisis de valores a todo nivel. Es una gran responsabilidad que tenemos hoy; algunos participando ya de manera directa en el tema de la seguridad ciudadana, como los comités de autodefensa, las juntas vecinales, la policía y muchos otros ciudadanos.
Un cuarto aspecto es el tema de la policía. ¿Qué es la Policía?. La policía está ligada a los fines y deberes del Estado, la policía como policía nace con el Estado y si uno ve la Constitución Política de los Estados, el fin supremo de ese Estado es la persona humana. La situación de esa policía como institución es de múltiples carencias, con recursos cada vez insuficientes y menos estimulados. Pero dentro de esas limitaciones consideramos que se desarrollan esfuerzos de un mayor acercamiento a la sociedad, entonces tenemos la Policía Comunitaria, este modelo genera confianza y credibilidad que la Policía tiene que observar.
Un quinto aspecto, que debemos de reflexionar es respecto a la seguridad ciudadana no solamente como la falta de garantías para el libre ejercicio de la persona humana, sino también de reacciones distintas, generalmente negativas, de consecuencias en cada una de las personas que sufrimos la inseguridad o sus consecuencias: Dos componentes: uno, la falta de garantías y, la otra, la persona que sufre esas consecuencias.
Orden Público, seguridad ciudadana o seguridad de los habitantes
El concepto de orden público ha ido modificándose a lo largo del tiempo. Originariamente, este es el concepto liberal que mana del artículo 9 que regula esta cuestión en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 que dice:
Nadie puede ser inquietado por sus opiniones, incluso las religiosas, siempre y cuando su manifestación no altere el orden público establecido por la ley.
Este artículo, tiene que ser interpretado sistemáticamente y puesto en relación con el 4 de la misma Declaración:
La libertad consiste en poder hacer todo lo que no sea perjudicial al otro. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tienen otro límite que aquellos que aseguren a los otros miembros de la sociedad el disfrute de estos mismos derechos; estos límites sólo pueden estar determinados por la ley.
Por lo tanto si mudamos el concepto de orden público del ámbito estricto de la libertad ideológica del artículo noveno a uno más genérico del artículo cuarto, formularemos la siguiente definición de orden público:
El orden público se establece como garantía y límite de la libertad y, como ésta, consiste en que nadie puede hacer nada que sea perjudicial a los demás.
Desde esta perspectiva, que no hemos de perder nunca de vista, libertad y seguridad son dos caras de la misma moneda: Sin seguridad no hay libertad (ya que la falta de ésta, inquieta el libre ejercicio de los derechos y libertades del ciudadano) y sin libertad no puede haber una autentica seguridad (ya que la seguridad sin libertad comporta un régimen autoritario).
Con el tiempo, este concepto de orden público, evolucionará hacia el de seguridad ciudadana (originado en la doctrina de la nouvelle prevención), mucho más amplio, y que incorpora los valores del Estado social y democrático de Derecho.
Ahora bien, en general, no se ha producido un cambio de denominación, sino de contenido del concepto. En efecto hoy por hoy la expresión de orden público sigue utilizándose como garantía de la seguridad pública, lo que ha cambiado es el contenido del concepto que paulatinamente ha ido pasando desde el forzar a los ciudadanos a la obediencia de la norma, lo más primario, a la garantía de la calidad de la vida de los mismos.
En España, esta evolución ha tenido, no obstante, a diferencia del resto de países del continente, un cambio de denominación impulsado necesariamente por el cambio de régimen autoritario al Estado social y democrático de Derecho. Por ello el texto constitucional español recogió la expresión seguridad ciudadana y no el de orden público al hablar de la función de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Resulta difícil definir claramente los conceptos de seguridad pública, seguridad ciudadana y orden público. Por ello nos remitimos a una concepción que, de una parte, se relaciona directamente con los orígenes del Estado de Derecho más primigenios (tenemos que recordar que, en la época de la Revolución Francesa, las personas se denominaban ciudadanos entre ellas por superar el término súbditos y como equivalente de persona que tiene unos derechos inalienables, reconocidos, ahora bien, por la ley) y también por su proyección de futuro (se calcula que en el año 2020, el 70 % de la población mundial vivirá en las ciudades, por lo tanto, la seguridad será, principal y fundamentalmente, ciudadana).
Por estas razones, el término seguridad ciudadana también lo preferimos al de seguridad pública.
En si el término de seguridad ciudadana no tiene buenos antecedentes en los países de Latinoamérica, puesto que empezó siendo utilizado por las Fuerzas Armadas a finales de los años setenta como un renovado vocablo de similar contenido a la doctrina de seguridad nacional impartida por los Estado Unidos de América desde la conocida como Escuela de las Américas que tituló a centenares de represores, en busca del enemigo interior de Argentina, Chile, Uruguay y de tantos otros Estados. En estos países, el término preferido es el de seguridad de los habitantes, que estiman omnicomprensivo y no exclusivo.
En todo caso, cuestión terminológica aparte, lo que es evidente es que el concepto de orden público ha de rellenarse en función de la realidad en la que ha de operar. Así podríamos distinguir entre el concepto liberal de orden público del siglo XIX y el concepto social y democrático de orden público que se impone en las democracias occidentales a partir de la finalización de la segunda guerra mundial, al que también podemos denominar seguridad ciudadana.
Seguridad Comunitaria
Cuando hablamos de seguridad comunitaria, nos estamos refiriendo a un modelo concreto de seguridad, lo que tiene en cuenta al ciudadano en la formulación y verificación de las políticas de seguridad. Los orígenes del término seguridad comunitaria los tenemos que encontrar en la idea de oposición entre el modelo inglés de policía (o policía comunitaria) y el modelo francés o continental (o policía del princeps). Para el primero, la actividad de la policía sería una consecuencia de las demandas sociales, de forma que habría una clase de self – policing, de la comunidad con un mínimo uso de la fuerza. Por el contrario, la policía continental, estaría mucho más ligada al proceso de construcción de un Estado contemporáneo y, por lo tanto, de defensa del mismo ante los procesos involucionistas o revolucionarios que ha padecido.
El tema de la seguridad pública es una de las preocupaciones permanentes de los ciudadanos, en casi todas las encuestas este tema ocupa uno de los primeros lugares; sin embargo a esta preocupación no le sigue un nutrido debate, alentado por la sociedad misma, que lleve a mejores diagnósticos y al diseño de innovadoras alternativas para asegurar lo que también es un derecho humano, la seguridad ciudadana. Como lo indicará Roberto Cuellar M. en su intervención en Antigua-Guatemala del 15 al 16 de noviembre de 2001:
La seguridad ciudadana es un tema que se mantiene en un primer lugar de las agendas nacionales debido a que su antítesis, la inseguridad ciudadana, es el reclamo más constante que las personas les hacen a las autoridades nacionales o municipales. Esa circunstancia ha generado las más diversas teorizaciones sobre el tema, no siempre bien enfocadas hacia la determinación de las causas y su erradicación, sino más bien hacia acciones más de carácter reactivo que preventivo. Es así como por lo general, se responde a concepciones muy seguristas que le dan énfasis al tratamiento estatal y/o represivo del problema, lo cual se encuentra reflejado claramente en las políticas policiales.
Diversos factores como la no distinción entre seguridad pública y seguridad nacional, la ineficacia del sistema penal, así como la exacerbación que de este tema hacen los medios de comunicación han convertido el tema de la seguridad pública en problema aparentemente univoco, haciendo entonces creer que la única alternativa es la visión policíaca y represiva, donde se criminaliza la pobreza o se imponen medidas como la del "alcoholímetro" sin pedir que la autoridad justifique que es una medida idónea y que efectivamente no existe otra posibilidad para generar esta restricción a las garantías ciudadanas.
Muchas veces el cuestionamiento que las defensoras y defensores de derechos humanos han hecho a las medidas que aumentan la discrecionalidad de las policías o que sólo proponen mayores medidas represivas ha servido para acusar de que "defienden delincuentes" y que no les preocupa los derechos de los ciudadanos honestos. Por supuesto que interesa el tema de la seguridad pública pero desde otras y mejores perspectivas.
Por ejemplo al abordar este tema, es necesario revisar y asegurarnos de cuál es el concepto que mejor identifica el problema. El concepto de seguridad ciudadana, debe entenderse "como la protección que debe brindar el Estado a las personas respetando sus derechos y libertades fundamentales" y no así el de seguridad pública. La razón es que el primero coloca a la persona y no al Estado como el centro de la seguridad.
Igualmente en necesario distinguir con mucha precisión entre la función de seguridad pública y la impartición de justicia penal.
Que actualmente vivamos una seria crisis de las instituciones que administran la justicia, lo que no debe llevarnos a olvidar que la seguridad ciudadana es un derecho de los ciudadanos cuya satisfacción corresponde al ámbito del poder ejecutivo a través del servicio público de la policía y que se debe evitar buscar, como actualmente se pugna, que las policías preventivas realicen tareas de investigación de delitos, desvaneciendo la imprescindible distinción entre seguridad pública y justicia penal.
En el análisis del problema de la seguridad ciudadana debiéramos llegar a determinar el grado de erosión de los niveles de convivencia ciudadanos que genera la inseguridad, para lo cual se necesita que se asegure la existencia de un diagnostico de la realidad económica, socio cultural y criminológico, y no sólo este último.
De forma que entonces el trabajo de seguridad sea planteado como un trabajo de reconstitución del tejido social y en consecuencia la policía considerada como una institución que contribuye a la reconstitución de la convivencia comunitaria. De tal manera que las estrategias de seguridad ciudadana sean fundamentalmente preventivas e integrales.
Por supuesto que estos puntos apenas esbozados son parte de un debate que se desarrolla en muchas ciudades y países del mundo y de América Latina. La seguridad ciudadana es uno de los temas más saltantes en las democracias y por supuesto que también lo es para nuestro continente.
Con frecuencia, algunos miembros de las corporaciones de seguridad pública han manifestado que la defensa y protección de los derechos humanos favorece a los delincuentes y perjudica a las víctimas del delito. Esta afirmación es errónea, y no tiene fundamento jurídico que la sostenga. El argumento ha causado una grave confusión entre la población; de ahí la necesidad de exponer algunas razones que la desmientan.
La creencia de que la defensa y protección de los derechos humanos beneficia sólo a los delincuentes es falsa. Todos, sin distinción, gozamos de los derechos consagrados en nuestras Constituciones, así como en los diversos instrumentos internacionales en la materia. Los niños, las personas de la tercera edad, las que viven con VIH/sida, los indígenas, la mujeres, las lesbianas y homosexuales, los niños de y en la calle y los policías gozan de ellos, salvo en algunos casos en que el derecho a la libertad personal puede ser legítimamente restringido. Sin embargo, la privación de la libertad origina nuevos derechos.
Cualquier acusación o detención debe estar sustentada en los procedimientos que la propia Constitución ha establecido. Además, debe prevalecer el derecho a la información (motivo, delito y quién acusa), a la defensa, a ser oídos y juzgados en un tiempo razonable, a no ser torturados, a la indemnización, a un trato digno por parte de las autoridades, a recibir atención como víctima y, sobre todo, a la justicia, la cual se relaciona con el deber del Estado de investigar y sancionar. Ésta debe ser efectiva, pronta y expedita. Por su parte, de la autoridad competente brindará la orientación adecuada.
Estas garantías, que nos han legado nuestros legisladores, tienen por objeto evitar arbitrariedades de las autoridades por exceso o defecto en la aplicación de la ley. Nos dan la seguridad (jurídica) de que las autoridades sólo podrán proceder en nuestra contra si se ajustan a los supuestos y procedimientos establecidos en la propia Constitución, y nos garantizan el derecho a la justicia en caso de ser víctimas de un delito; con ello se evitan hechos tan penosos de justicia por mano propia.
No debe escandalizarnos el que se insista a las autoridades que respeten esos derechos, sino más bien cuando son violados. Por eso es aberrante pensar que una política de seguridad ciudadana pueda consistir en tolerar, por ejemplo, detenciones ilegales o arbitrarias o en desconocer los derechos del detenido o procesado, o de la propia víctima. Al contrario, aquélla debe garantizar un equilibrio entre los derechos del delincuente y los de la víctima, así como con los de la sociedad en general, que espera que el delito sea investigado y sancionado para evitar la impunidad.
Muchas veces los servidores públicos, valiéndose de su cargo, se olvidan de que su misión es proteger a los ciudadanos y los derechos humanos, y que las armas les fueron confiadas para defender a la ciudadanía y no para atacarla.
Corresponde a los órganos correspondientes velar por los derechos de las víctimas del delito.
Esto no es cumplido plenamente. Un alto porcentaje de las quejas presentadas en las comisiones de derechos humanos ha sido de víctimas que han quedado desamparadas ante la impunidad, la inacción o ineficiencia del sistema de administración de justicia. Muchas denuncias formuladas no han sido debidamente investigadas; otras ni siquiera se han indagado. En las que se hacen investigaciones hay serias deficiencias jurídicas que serán aprovechadas por el acusado en su defensa o serán tan graves que el juez no pueda continuar con el procedimiento. Y en las que se ha concedido orden de detención, éstas no se han ejecutado.
La defensa y protección de los derechos humanos no son un obstáculo para combatir el crimen
Las causas de la inseguridad que viven nuestros países son diversas: corrupción, impunidad, violencia, desconfianza en las autoridades, entre muchas más.
Sin embargo, algunos se han empeñado en señalar que quienes se dedican a "la protección y defensa de los derechos humanos" la han ocasionado y que, además, ¡no les permiten combatirla! Esto es falso. Para muchos servidores públicos este argumento les sirve como pretexto para seguir ocultando su ineficiencia y, en ocasiones, sus complicidades.
Todos sabemos que una de las causas más comunes de la inseguridad es la corrupción. Debemos entender que ésta no sólo significa aceptar o pedir una dádiva, sino dejar de hacer cuando se está obligado a ello.
El no arrestar a quien debió ser detenido genera impunidad; deja sin castigo cuando debía haberlo. La impunidad se manifiesta cuando los ciudadanos no denunciamos algún delito que, sabemos, se ha cometido, ya sea por miedo, ignorancia, o desconfianza en las autoridades; cuando el policía no detiene por ineficacia, incapacidad, complicidad o desconocimiento; cuando las autoridades no hacen debidamente su trabajo, entre otros casos.
Esto genera violencia. Al no ver satisfecho ese derecho, dejamos en la víctima del delito un deseo de "justicia" muchas veces traducida en venganza, que se cobrará tal vez por su propia mano. Esta situación genera gran desconfianza en las instituciones de administración de justicia. Menos ciudadanos acudirán a ellas a denunciar, mientras que los delincuentes seguirán haciendo de las suyas a la sombra de la impunidad.
El reto, tanto de las instituciones de seguridad pública como de la sociedad en general, es romper el círculo vicioso que forman la corrupción, la impunidad, la violencia y la desconfianza.
La defensa y la protección de los derechos humanos pugnan por una política de seguridad ciudadana que actúe sobre las causas de la criminalidad y privilegie la prevención e investigación del delito.
Se ha dicho de manera insistente que para combatir la delincuencia y elevar los niveles de seguridad es necesario aumentar la sanción penal, el número de policías y patrullas, y tolerar la violación a los derechos humanos, entre otras. Esta creencia negativa deja de lado las verdaderas causas de la criminalidad y se olvida de la necesaria modernización de las instituciones de administración de justicia, mediante un esfuerzo global que garantice el acceso y trato igualitario a la población; que se erradique la desconfianza mutua entre esas entidades y se busque la complementariedad de ellas y la coordinación contra el crimen.
Una política de seguridad ciudadana seria debe atacar las causas de la criminalidad y prever medidas en el ámbito social, de la infraestructura, la educación y la participación de la sociedad, para prevenir o combatir todo factor criminal y así dificultar las comisión de delitos.
Para hacer frente a este desafío hay que humanizar y hacer más eficaz la respuesta del Estado, con la capacitación y profesionalización de los cuerpos policiales. Para ello se requiere:
- Interés del Estado y la sociedad para que la formación del policía se oriente hacia el respeto al orden legal y de los derechos humanos de los ciudadanos.
- Dignificación de la actividad policial. El policía es un servidor público encargado de la seguridad, pero sobre todo es una persona con una actividad que merece alta valoración social y, por lo tanto, debe ser correspondida con el respeto a sus derechos y la satisfacción de sus necesidades elementales.
- Evaluación del trabajo policial no sólo por sus resultados, sino por los medios empleados. Esta apreciación será permanente, y en ella no sólo habrá de intervenir el Estado, sino también la sociedad, que debe convertirse en un actor coadyuvante de las distintas etapas que implica una estrategia de seguridad pública. Los mecanismos e instrumentos de la actuación policial deben regularse según el criterio "mayor eficacia-menor costo para las personas en el ejercicio de sus derechos". En este sentido, su actuación debería estar sustentada en el criterio: "Prevención en la medida de lo posible y represión en la medida de lo estrictamente necesario".
- La participación de la sociedad en la evaluación de sus necesidades, así como en los planes de seguridad pública.
- Adopción, por parte de los cuerpos policiales, de códigos de conducta o ética.
- Mecanismos que resuelvan algunos problemas entre los ciudadanos de forma no violenta, a través de la mediación o solución pacífica de los conflictos.
La seguridad pública no sólo es un problema de los cuerpos policiales. La colaboración de todos los actores sociales es urgente, especialmente cuando vemos que las debilidades en este rubro son fuente de una violencia e impunidad que afectan la vida, la integridad, la libertad y el derecho a la justicia de las personas y, en general, el de todos a llevar una vida libre de temores y sobresaltos.
Para que la lucha contra la delincuencia sea eficaz, las acciones deben ser legítimas, esto es, respetar la Constitución y con ello los derechos humanos, no sólo por el bien de la legalidad, sino por el de la sociedad, para que recupere ese espacio tan natural que le ha sido arrebatado: la calle.
Esta claro que los Estados son entidades responsables por la seguridad de los ciudadanos, pero la historia reciente ha demostrado que la producción de seguridad puede tomar como horizonte ciertas claves excluyentes e incluso siniestras, o puede reposar en políticas que con los ojos abiertos a una realidad compleja e interconectada, respondan con una perspectiva de derechos humanos a través de instituciones profesionales y competentes ante los patrones violentos y de criminalidad que surcan a una sociedad.
Bajo el marco internacional de los derechos humanos la responsabilidad de los Estados se expresa no sólo en el deber de respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos, sino también en actuar con la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas lesivas contra las personas por parte de agentes gubernamentales o particulares, cualquiera sea el ámbito en el que ocurra.
Recorrido más de medio siglo desde que la comunidad internacional adoptara un marco jurídico desde el cual se le exige a los Estados rendir cuentas sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, se puede observar una realidad bastante desajustada de la visión esperada.
POLICÍA El modelo de policía de orientación comunitaria o de proximidad constituye el más reciente paradigma en materia policial y surge como respuesta al agotamiento que empieza a evidenciar el tradicional modelo "profesional" desarrollado a partir de los años cincuenta.
Este modelo aparece y se extiende rápidamente en Estados Unidos, Canadá y Europa a partir de la década de los ochenta, e irrumpe en América Latina en los años noventa, acompañando algunos de los procesos de reforma policial de la región. En realidad, podríamos afirmar que no se trata de un nuevo concepto, sino más bien de la recuperación del modelo elaborado hace más de 150 años por Sir Robert Peel y aplicado a la policía metropolitana de Londres, inspirándose también en el modelo de policía de Japón, conocida como el "koban".
En primer término, la policía de proximidad no solamente se preocupa por actuar sobre variables tradicionalmente asociadas a su quehacer como lo son la delincuencia y el orden público, sino que incorpora otras como la sensación de inseguridad, la calidad de vida de la población y la cohesión y solidaridad social.
Es así como sus objetivos también se amplían. Aparte de ocuparse del control de la criminalidad y del orden público, la policía incorporará a su quehacer objetivos tales como:
- Identificar problemas en la comunidad y propiciar soluciones sostenibles, particularmente sobre aquel tipo de problemas que se estime pueden incidir sobre la proliferación de hechos delictivos o de problemas de orden público.
- Mejorar la sensación de inseguridad en la población.
- Incrementar el nivel de satisfacción de la comunidad con respecto a la intervención policial.
- Incorporar a los ciudadanos en la producción de seguridad, mediante su participación en diversas iniciativas que permitan prevenir más efectivamente la comisión de delitos.
- Mejorar el control social sobre la actuación policial.
Vistos los objetivos del nuevo modelo y las variables sobre las que pretende actuar, la policía de proximidad supone un conjunto de características particulares que pasamos a detallar.
En primer término se observa una ampliación del mandato policial tradicional, que no se limita al mantenimiento del orden y a la prevención y represión de la criminalidad, sino que abarca la resolución de los problemas de la comunidad dentro de un más amplio concepto de calidad de vida de la población.
En segundo término, la actitud institucional exige un comportamiento proactivo más que reactivo, centrando sus esfuerzos en la resolución temprana de los problemas que puedan degenerar en conflicto social.
En tercer lugar, se privilegia el diseño de estrategias a nivel local. La unidad geográfica más pequeña -barrio, vecindario, etc.- pasan a constituir el espacio en donde se analiza el problema de la inseguridad y se planifican las estrategias para enfrentarlo.
En cuarto lugar, se promueve el establecimiento de mecanismos de asociación y cooperación con las autoridades políticas, los servicios públicos y privados, los medios de comunicación y la comunidad en general. La policía deja de ser un ente aislado, trabajando en "un mundo secreto" contra la delincuencia, y se convierte en un ente dinamizador de iniciativas ciudadanas que procuran prevenir la comisión de delitos y mejorar el entorno inmediato.
Los aspectos descritos con anterioridad condicionan cambios a nivel organizacional, operativo y de recursos humanos.
A nivel de la estructura organizativa, el modelo comunitario exige importantes grados de descentralización a efectos de procurar un mayor acercamiento de la institución a la ciudadanía. Paralelamente, la tradicional estructura de mando vertical da paso a una organización más horizontal, con un importante traslado de poder en la toma de decisiones hacia las unidades de base.
En materia operacional, se producen cambios que procuran una presencia más visible de la policía en las calles y un contacto más directo de ésta con la ciudadanía. La unidad policial grande y diseñada "hacia adentro" abre paso a unidades pequeñas, estratégicamente ubicadas; el patrullaje motorizado se complementa con el patrullaje a pie o en bicicleta, y se acrecienta el contacto con la ciudadanía mediante visitas a sectores de la comunidad, reuniones periódicas con representantes de la misma, etc.
Adicionalmente, el mayor acercamiento a la comunidad y la incorporación de la misma al quehacer de las unidades, acrecienta la obligación de rendir cuentas a los ciudadanos y a los responsables políticos del nivel territorial correspondiente; situación ésta que presiona hacia una mayor transparencia institucional y hacia un fortalecimiento de los mecanismos de control externos sobre la actuación policial.
Finalmente, en materia de reclutamiento y formación de personal, se privilegia a un policía que se perfile más como un generalista que como un especialista; más como un comunicador que como un "informante", más como un gestor social que como un agente del orden.
Las estrategias previstas para la aplicación del modelo de policía de proximidad son numerosas y variadas, según las características específicas del contexto en el que se inserta. Sin embargo, es posible establecer un esquema general consistente esencialmente en lo siguiente:
- Diseño y ejecución de experiencias-piloto conjuntas (policía-comunidad) en algunas zonas o barrios seleccionados, que permitan probar el modelo y obtener efectos demostrativos.
- Levantamiento de información relevante y de estudios en las zonas en donde se ejecutarán las experiencias piloto que contengan datos sobre la criminalidad y el sentimiento de inseguridad, los medios utilizados por los ciudadanos para protegerse de la delincuencia, el nivel de deterioro del entorno físico, los grupos comunitarios existentes y sus recursos (humanos, materiales y financieros).
- Establecimiento de alianzas con las autoridades políticas locales -municipio, alcaldía, etc.-, los organismos sociales existentes en la zona o en el barrio, la empresa privada, los grupos comunitarios, etc., para que de manera conjunta se identifiquen los problemas, se establezcan las prioridades y se propongan acciones debidamente consensuadas. Preferiblemente se aconseja el establecimiento de uno o varios comités que garanticen un proceso sostenido de coordinación y colaboración.
- Diseño de esquemas de patrullaje alternativo y de programas preventivos, tales como visitas a diversas instituciones (escuelas, colegios, comercios, residencias) con la finalidad de determinar su grado de seguridad, reuniones periódicas con los ciudadanos para intercambiar información y buscar soluciones, patrullas de vecinos en el barrio, identificación de objetos de valor, minipuestos policiales, campañas publicitarias, elaboración y distribución de folletos, talleres y conferencias, exposiciones itinerantes de la policía, saneamiento ambiental, modificaciones en el alumbrado, buzones "correo policial", actividades culturales, deportivas y recreativas, etc.
- Intervención selectiva en materia delictiva, dando prioridad a ciertos delitos seleccionados por su gravedad y frecuencia, y a partir de un minucioso levantamiento de información de la situación criminal en la zona respectiva.
- Evaluación periódicamente de las experiencias, teniendo en cuenta los objetivos previstos.
- Amplia divulgación y publicidad a los resultados del proceso para efectos demostrativos y mejoramiento de la sensación de inseguridad.
- Ampliación de las estrategias a otras zonas.
Paralelamente a la ejecución de experiencias piloto, la policía debe ir introduciendo a nivel de su organización, de su estrategia operativa y de su personal, los cambios correspondientes a efectos de garantizar la sostenibilidad del modelo.
Comenzaremos reconociendo los diferentes factores que conforman y condicionan la realidad policial. Para arribar a este objetivo, imprescindible para formular las consideraciones necesarias y válidas para un cambio futuro; realizamos una lectura en su aquí y ahora como de su devenir histórico en cuanto a su pertenencia Estatal, a sus relaciones con la Comunidad y las actividades realizadas en contra de la delincuencia.
Consecuentemente, identificamos y citamos a continuación, una serie de presupuestos que en más o en menos, subdivididos o agrupados diferentemente, básicamente representan los más importantes y que necesariamente deben ser analizados en su conjunto.
- Conflictos con la comunidad. Distanciamiento.
- Desempeño exclusivo de tareas operativas. Eliminación de oportunidades y otras supletorias.
- Descontrol del accionar de la delincuencia. Desprotección.
- Casos de violaciones a los derechos humanos y de corrupción.
- Inadecuada estructura institucional. Disfuncionamiento.
- Precaria e inadecuada capacitación profesional.
- Pérdida de identidad.
- Influencia política.
- Falta de recursos financieros que atiendan debidamente a los funcionarios policiales en sus necesidades y decoro personales.
- Falta de sistemas y medios logísticos para cumplir acabadamente su misión específica.
La Policía tiene conflictos con su comunidad, desde el preciso instante de su creación, lo cual tiene mucho que ver con los aspectos y características de la misión a cumplir como de la metodología tradicionalmente empleada para llevarla a cabo, aunque más adelante veremos la existencia de componentes más fuertes y profundos.
Estos conflictos, se traducen preponderantemente en actos de violencia, corrupción, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, descontrol del accionar de la delincuencia y aún su aislamiento institucional; todo lo cual converge, en la desprotección ciudadana, en su distanciamiento y alto grado de cuestionamiento social.
En la generalidad, todas las formaciones policiales, se dedican por imperio de la Ley, al mantenimiento del Orden Público y la Seguridad Pública a la vez que la protección de su Comunidad contra el accionar de la delincuencia, de manera tal, que si bien ningún habitante reprocharía a priori, todos o alguno de estos máximos preceptos, en cambio sí lo haría, sobre la forma o manera que tiene la Policía de cumplirlos. Y a este aspecto, hay que agregar y dejar bien en claro, que la policía no hace lo que quiere, sino aquello que le es ordenado.
Con respecto a sus actividades en procura del Orden Público y la Seguridad Pública como razón de Estado para el bien común, fueron históricas y sistemáticamente tergiversadas por los diferentes gobiernos; orientándolas hacia un fuerte control y disciplinamiento social y enmascarando, detrás de la agencia policial, además de un marcado absolutismo, la realización de intereses ideológicos y político-partidistas. Efectivamente, sus potencialidades jurídicas y corporativas (humanas y de recursos logísticos y financieros), fueron desgastadamente distraídos para la contención y/o resolución de conflictos emergentes del campo social, donde la represión policial se observó como la repuesta oficial y de primerísima línea; en lugar de destinarlas a la protección de la ciudadanía y el desarrollo comunitario.
En cuanto a su accionar contra la delincuencia, cuenta con una estructura organizativa y funcional rígida, obsoleta y preponderantemente negada hacia todo avance tecnológico, producto de un marco legal inadecuado y tendencioso que la conminaran tradicionalmente, a impulsar y mantener un esquema de prevención basado exclusivamente en la eliminación de oportunidades, preponderando la saturación de objetivos en forma indiscriminada y eventual, como de precarias técnicas de investigación, requiriendo grandes aportes económicos por parte de la Comunidad, habida cuenta que se alimenta permanentemente de personal policial, de recursos materiales y financieros.
La falta de actividades relacionadas a la conformación de una cartografía delictual con su correspondiente informe científico, permitiendo así, la identificación y el conocimiento de las causales del delito que le permitan colaborar en el desarrollo social; la ubican en desventaja y le impiden un trabajo efectivo y eficaz en los niveles pertinentes de la prevención. Es decir, que además de evitar que el delincuente delinca, se pretende lograr que el delincuente no sea tal y que la víctima no llegue a serlo; lo cual requiere de una planificación policial que incluya y permita una coordinación multisectorial e interdisciplinaria, orientada a la elaboración de un diagnóstico criminológico del territorio donde ejerce su función con todos los operadores del sistema.
A modo de ejemplo, una tradicional medida, fue siempre estructurar grandes despliegues de policías y patrulleros en su ámbito de responsabilidad como mega operativos puntuales y coyunturales; pero, si bien eliminaron muchas posibilidades de delinquir, en los lugares donde fueron fijados sus asientos; no le han asegurado el control de la delincuencia; es más, le producen el desconcierto de comprobar su aumento, muchas veces tildándolo de inexplicable, derivando en su fracaso institucional.
Esta clase de esquemas preventivos, en el mejor de los casos, reacciona positivamente después de la comisión del delito y trabajando en sus efectos, pero con poca incidencia para evitarlo, aunque la realidad también nos demuestra que ni aún después, cumple acabadamente con su misión por la carencia de Planeamiento e Inteligencia como de personal, de medios y sistemas logísticos con los cuales responder, degenerando así en impunidad, desconcierto, reproche y desprotección social.
Y en este punto, nos apartamos de la doctrina del Derecho por cuanto el concepto de impunidad, desde la óptica del ciudadano común, que con sus impuestos sostiene un sistema que no le sirve, no lo asegura ni le brinda protección; comprende y se explica a través de la falta de calidad y cantidad de funcionarios, recursos y métodos para su contención personal y represión delictual, imputándosele al gobierno y preponderantemente a la Policía, una pasividad o actividad ineficaz contra el delito y no haber llegado a tiempo y dejarlo ser víctima.
Esta situación, se agudiza al absorber funciones supletorias que importan tareas que no le corresponde hacer y normadas en otros instrumentos jurídicos, pero convenientemente incorporadas por Ley como cuestiones de auxiliaridad para con otros organismos a la vez que demostrando, una clara falencia del Estado que llega a provocar la pérdida de identidad de sus miembros, los cuales constantemente se preguntan si en realidad son funcionarios policiales o custodios de detenidos, vigiladores y guardadores de vehículos automotores secuestrados, o empleados a pleno de los otros poderes del Estado.
Así es, los detenidos en dependencias policiales, las notificaciones judiciales y otros trámites de efecto privado, son en realidad una deliberada y perversa delegación de funciones enmascarada en la auxiliaridad, distorsionando la misión policial y haciendo peligrar la seguridad ciudadana.
La ciudadanía entonces, se siente desprotegida y enfadada con la policía pues la obligan a ubicarse en primera fila de una obra de teatro en la cual observan como la delincuencia triunfa. El funcionario de policía por su parte, se siente también defraudado por el Estado, pues a diario observan, cuánto dedican en recursos y esfuerzos a otras tareas distintas a la policial, en desmedro de aquélla que le corresponde por mandato comunitario.
En la generalidad, el poder político demuestra una influencia perjudicial, avanzando sobre la institución policial con designios ideológicos, partidistas y coyunturales como en términos electoralistas, que nada tiene que ver con su misión, o teniéndola, la obligan a cumplir estrictamente sus órdenes, sin posibilidad de revisión e inspección, pero en cambio sí, a hacerse cargo de las responsabilidades emergentes de los futuros fracasos. Esto produce un condicionamiento que vulnera muy fuertemente su normal desempeño, pues el pretendido, es que el poder político, debe ser consecuente con las relaciones interinstitucionales y referidas estrictamente a la dependencia estructural, fijando los lineamientos gubernamentales para la Seguridad Ciudadana como de los sistemas de verificación o control. Evitará extralimitarse en sus atribuciones e incidir negativamente en la labor cotidiana de los cuerpos policiales, comprobándose que en muchas ocasiones, su perjudicial influencia ha llegado hasta niveles mínimos y primarios de neto corte policial, tales como ordenar traslados y designaciones de personal, servicios policiales, ubicación de patrulleros, formas de llevar a cabo procedimientos, custodias o paradas policiales, etc., desestimando la autoridad y disciplina internas, sin el pleno y necesario conocimiento profesional para ello.
En este mismo contexto y primando la necesidad de satisfacer meros intereses particulares y/o partidistas, se han generado megas estructuras organizativas y se han elegido funcionarios, en algunas agencias policiales con anterioridad a la creación de los cargos para ejercerlos, en contradicción con la doctrina más elemental y tradicional del Derecho como de la Organización, o caracterizándose por la falta de idoneidad y capacidad para asumirlos.
Esto ha conducido a un generalizado disfuncionamiento y falta de control institucional, que en lo interno convergen en burocracia y en el relajamiento integral de la administración, y en lo externo, posibilitando diferentes situaciones que incluyen sistemáticas violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción y de libre albedrío, incluyéndose el desamparo del trabajador policial y la negación y/o incumplimiento de sus derechos.
Entonces, nada nos sorprende si por regular de esta manera la vida de la comunidad, se produzca el distanciamiento y recelo de ella, a la vez que el descontrol en su lucha contra el delito. Pero esto no es todo, le debemos sumar el hecho de que nunca fue tratada como un área profesional, de la misma forma que fueron la salud, justicia o educación, entre otras.
Siempre la Policía fue destinada a prestar un servicio, primero a la institución Estado y en segundo término a la Comunidad y en donde, la autoridad moral y técnica, rarísimas veces se concilió con la autoridad formal, tanto en las designaciones como en el ejercicio funcional. A modo de ejemplo, ningún gobierno designaría al frente del área de Salud a un abogado o en el área de Arquitectura y Urbanismo a un Odontólogo; menos aún para el área de Justicia, a quien no posea título de abogado, pero en cambio el área policial, fue siempre permeable para coronar a ciertos profesionales como abogados o integrantes de las Fuerzas Armadas, en franco desconocimiento y negación de la carrera policial. Pero esto no es casual, advirtiéndose en algunas agencias, precariedad o falta de una política de personal que conlleve a una buena selección y un soporte académico que los aparte de meras técnicas investigativas y del manejo de algunas armas como del seguimiento profesional de los funcionarios policiales para reaseguro de la Comunidad, de la Institución y de ellos mismos, ante la posibilidad de cualquier práctica inconstitucional.
Un tema importantísimo es el salario de los funcionarios policiales, que representa un gran problema de Estado por resolver. ¿Hasta dónde se pretende explotar la lírica de la vocación de servicio, de la integridad, de la moral y de las buenas costumbres?; ¿Cómo puede exigírseles conductas poco menos que excepcionales y anticorruptas, a quienes en muchísimas ocasiones, no tienen para comer o se presentan al servicio dejando a sus familias sin dinero y además, bajo condiciones laborales deplorables?.
Tengamos presente que el trabajo policial es riesgoso e insalubre, por lo que una jornada de labor mínima de conformidad a los contenidos de las legislaciones nacionales y además bien pagada, es la adecuada, debida y aconsejada.
Las situaciones dramáticas propias de la función y vividas a diario por los agentes policiales, importan la necesidad de un seguimiento y apoyo psicológico que en la generalidad no se cumple (por no decir que no existe), generándose una falta de contención y atención que pueden derivar en peligrosas patologías, muchas veces exteriorizadas y canalizadas a través de sí mismo, de la comunidad en general, de los imputados en particular como del grupo familiar al cual deterioran y/o destruyen.
Por otra parte, la Policía es y funciona gracias al esfuerzo y patrimonio personal, tanto espiritual como pecuniario de sus trabajadores policiales; de lo cual, el Estado, se beneficia continua y cotidianamente, a la vez que le resulta vital para el sostenimiento del sistema imperante por cuanto funciona carente de toda clase de recursos oficiales. De igual manera y a escala institucional de las diferentes dependencias, que autofinancian su misión, en el mejor y lícito de los casos, con la colaboración de la comunidad.
Entonces, esta realidad no es peor, gracias a las personas de los funcionarios policiales encargados de hacer cumplir la ley que nunca han bajado sus brazos y siempre, todos los días, se enfrentan contra el delito en defensa de la Comunidad, muy a pesar de sus vidas y de sus afectos y dentro de un esquema laboral, donde sus derechos como trabajadores so pretexto de la vocación de servicio, pocas veces o nunca, se han tenido o se tienen en cuenta.
Mucho se habla del incremento de la delincuencia, que genera preocupación e inseguridad en la población como del mal funcionamiento de la Policía, que conlleva a su alto cuestionamiento. Lo más llamativo de todo esto, es reconocer en algunos discursos oficiales, el reciente descubrimiento de que la problemática de la seguridad y la cuestión policial, hayan adquirido ribetes de tal magnitud, que se convirtieran en asuntos de Estado. Esto verdaderamente alarma, pues para los profesionales de la seguridad, tanto ésta en lo general como la agencia policial en particular, siempre fueron inequívocamente asuntos de Estado y sistemáticamente, fueron desoídas todas sus advertencias sobre un pronóstico oscuro y la necesidad y urgencia de promover un cambio en el sistema para no llegar justamente, a la realidad que estamos viviendo.
Pese a las afirmaciones y determinaciones, no contamos con una fórmula mágica, aplicable para cualquier caso y que además tenga el éxito asegurado. Tampoco, se proponen modelos, pues entendemos y pretendemos que ello debe ser una construcción nueva y original, consecuente con la historia, la vida cultural, social y económica de cada país.
Los temas tratados, nos permitieron tomar razón de la realidad policial, que si bien se nos presenta como una problemática emergente, es en verdad centenaria aunque urgentemente, hay que revertirla. Esta reversión, hacia un nuevo modelo policial no hegemónico y a la vez sustentable para un Estado de Derecho, no es imposible pero sí costosa, sobre todo en lo cultural y espiritual más que materialmente, a la vez que debe apoyarse necesariamente sobre una firme voluntad de realización por parte de todos los actores sociopolíticos, y donde el Estado cumple un rol fundamental, pues implica la destrucción del Modelo Policial Anterior, que convenientemente creara y sostuviera en América Latina, a través de sus sucesivos gobiernos.
Para ello, se iniciará un proceso de reforma con la Policía y con los policías, y desde ningún aspecto, sin o contra ella y sus integrantes; que estará orientado a esa destrucción pero ejecutado muy cuidadosamente y mediante una estrategia de sustitución simultánea que evite los efectos perjudiciales y desalentadores, producidos a causa de los vacíos sistémicos.
Toda reforma, además de contar con un importante cuerpo axiológico del cual se emanan sus políticas; se sustenta sobre una serie de pilares o ejes principales a cuyo alrededor, giran las estrategias y tácticas que se pondrán en marcha.
En este sentido, y reconociendo a todos los trabajadores como los actores fundamentales, y el potencial más valioso de cualquier empresa o corporación; el eje director de cualquier reforma policial que se denomine como tal; tendrá entonces como protagonistas y sin lugar a dudas, a los funcionarios policiales encargados de hacer cumplir la ley como sus condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, en el concepto más amplio posible: selección, formación, salario, salud y bienestar, capacitación y actualización, seguimiento del desenvolvimiento profesional como todo otro aspecto que haga a la defensa de sus derechos en complementación con su servicio comunitario.
Con relación al cuerpo axiológico que guiará a la empresa, determinándole su futuro perfil institucional, comprenderá y fijará claramente que el propósito fundamental del trabajo policial, es la prevención del delito y la protección de la vida comunitaria. Para ello, ejecutará un accionar sistemático, intercolegiado y multisectorial, a la vez que orientado hacia los niveles pertinentes de la prevención, ya sea en la eliminación de oportunidades como en la observación y reconocimiento de las causas culturales, sociales y económicas determinantes para la producción delictual, en coordinación con todos los organismos oficiales y privados comprometidos en la modificación del panorama social y aún más, con una respuesta profesional que permita indicar la oportunidad y grado de responsabilidad que éstos deban asumir.
Entonces, la Policía es un agente de control social de contacto y referencial, en lo externo y en el ámbito colectivo, importante y necesario, cuyas incumbencias van más allá de la preservación del orden público, la seguridad pública y la investigación de hechos delictivos, sino también, la determinación de sus causas generadoras, colaborando para mejorar la calidad de vida de la comunidad, virtud a una coordinación con todos los actores sociales.
Esta coordinación se logrará a través del planeamiento policial que le permite un trabajo eficaz y eficiente ante los requerimientos de seguridad, asegurándole la correcta asignación y desempeño de sus funcionarios en tareas que le son específicas, a la vez que el buen uso de los recursos y de una adecuada estructura organizativa y funcional. De esta manera, se estaría ratificando lo dicho sobre la plena y necesaria consideración de sus funcionarios y sus condiciones generales de labor como de los sistemas y medios logísticos y financieros disponibles para que éstos, puedan cumplir con el mandado de la comunidad, expresado en términos de Ley.
Se comienza entonces con la producción de un diagnóstico de la realidad policial, imprescindible y pretendiendo definir un universo compuesto por todas las variables ordenadas conforme sus características y efectos (identificando particularmente las negativas) y agrupadas en: independientes, interdependientes y dependientes, permitiéndonos a partir de allí, producir un plan integral que establezca objetivos generales y operacionales como las políticas, estrategias y tácticas, necesarias para la puesta en marcha de una reforma policial sustentable.
Al decir diagnóstico, nos estamos refiriendo a la fase del proceso planificador donde se lleva a cabo la observación, selección y análisis de los signos (lo que se ve; lo objetivo) y los síntomas (lo que se siente; lo subjetivo) de la realidad a tratar. Esto hace necesario determinar una situación que será analizada integralmente para responder a preguntas tales como: ¿Dónde se está?. ¿Cómo se está?. ¿Qué se tiene?. ¿Dónde se quiere ir?. ¿Qué se necesita? y ¿Cómo se hace para llegar a la meta?.
En este contexto, está comprendida la realidad criminológica territorial donde la Policía lleva a cabo su misión; por ello, contará con los necesarios estudios de victimización y tendencias delictivas con la correspondiente cartografía delictual y los informes científicos sobre la delincuencia; conciliando para un futuro modelo prevencional, el tradicional esquema de eliminación de oportunidades con aquél que promueva el trabajo sobre las causas generadoras del delito.
Efectivamente, esto quiere decir que la policía debe comenzar a trabajar sobre una prevención basada en políticas que hacen al desarrollo social y con el conjunto de los operadores del sistema porque de no suceder así y continuar como hasta ahora, las comunidades en general y la policía en particular, fracasarán en su lucha contra la delincuencia.
El público quiere seguridad, estar y sentirse seguro, como elementos fundamentales para su calidad de vida, y el Estado debe procurarlo, pero integralmente y no en exclusiva con la agencia policial, que representa aunque muy relevantemente, una de las muchas profesiones que han de interactuar, solamente una parte de ese todo que es la Seguridad.
Esto requiere una apertura policial hacia una operatividad con cientificidad y notable apoyo tecnológico, empleando todas las posibilidades y potencialidades que ofrece la ciencia y la tecnología, desde la formación de personal policial hasta recursos materiales e informáticos, aplicadas hacia un sistema de prevención múltiple y de simultáneo abordaje, que no escatime gastos, evitando precariedades e improvisaciones, dirigido y potenciado hacia las causas y los efectos del delito, y descartando toda posibilidad de primar respuestas hacia una u otra unilateralmente.
Una pregunta emergente y desde lo práctico, es: ¿Cuál sería la formula polinómica que nos permita conocer, por ejemplo, la cantidad de personal policial o vehículos patrulleros necesarios para una ciudad y que responda a los cambios de la Sociedad que la habita?; cuya respuesta correcta es que no existe tal formula.
Tradicionalmente, los cuerpos policiales dentro de su doctrina de planificación, cuentan con plantillas orientadoras que se refieren a la conformación en cantidad y calidad de sus Cuadros de Organización, de sus Mínimos Operacionales Necesarios, etc., para su despliegue operativo. Estos habrán servido en otras épocas y en el mejor de los casos, producto de identificar y considerar un determinado cuerpo de variables, pero que en la actualidad, el tema de la necesidad de funcionarios policiales o vehículos patrulleros como sus tácticas, estrategias y metodologías, forman parte del informe científico correspondiente al citado estudio de victimización y tendencias delictivas para un sistema de prevención como el tratado precedentemente y que toda institución, para no trabajar a ciegas, debe poseer referido al territorio al cual protege.
El problema de estos estudios, es que a priori, suelen asustar a los gobiernos en los aspectos correspondientes a sus exigencias en materia policial que se traducen lógicamente en finanzas, no solamente para la puesta en marcha, sino para su mantenimiento, provocando, en la mayoría de los casos una suerte de abandono y desistimiento oficial, que deriva en el fracaso de la gestión.
Pero en contrapartida, las ventajas que ofrece un sistema preventivo de un abordaje múltiple y simultáneo, es brindar la posibilidad que, cuanto más se invierta en políticas integrales, orientadas al desarrollo social para revertir las causas del delito, la inversión en recursos para la eliminación de oportunidades se hará considerablemente menor. Y estos presupuestos deben sopesar, pues justamente, de apoyarse en un esquema preventivo basado exclusivamente en la utilización de personal y recursos materiales; el tiempo comprobará su ineficacia para la neutralización del delito a la vez que imposible su continuidad; igualmente, si se elige un sistema preventivo, apoyado exclusivamente en el desarrollo social, se verificará que, mientras se llevan a cabo los estudios para identificar las causas, o ya identificadas para su reversión, la producción delictual será ilimitada e incontrolada.
El análisis normativo vigente en materia policial, en el contexto de la legislación penal y procesal penal de cada país, es de suma importancia para determinar, si corresponde o no su modificación en todo o en parte.
Asimismo, se hará lo propio con su estructura organizativa y funcional, tendiente a comprender sus niveles de responsabilidad, sus vías de comunicación, las cuestiones inherentes a la autoridad, administración y metodología empleada en lo interno y externo, a la vez que detectar anomias, situaciones anárquicas y enárquicas, producto del sobredimensionamiento y la repetición funcional como la reformulación y/o actualización de funciones y tareas, muchas de las cuales enmascaran detrás de la auxiliaridad profesional, una contraproducente delegación funcional.
El organigrama policial será racional, reducido, integral con demanda de poco personal para tareas administrativas, con miras a retomar la senda de la operatividad continua, efectiva y eficaz, propiciándose también, la privatización de actividades referidas por ejemplo, a talleres mecánicos como de obras y mantenimiento en general, archivo, impresiones y encuadernación, limpieza y aún las comunicaciones, entre otras.
Mucho se habla de la controversia entre: "garantismo-mano dura" que polariza la opinión de todos los sectores, en "garantistas y duros"; nuestra meta debe orientarse a comprender y practicar, que: "la única mano dura, es la que garantiza la Ley". El peso más pesado entonces, es el de la Ley; pero enmarcado no solamente en un fuerte y decidido enfrentamiento contra el delito, sino también contra sus causas motivadoras. En este mismo sentido, la Policía no es un organismo independiente a la cual se contrata para un servicio también independiente y que realiza a su antojo e incontroladamente; es el instrumento creado y sostenido por el Estado para la Defensa de su Comunidad, haciendo exclusivamente, todo aquello que la Ley determine que haga y no prohíba. Entonces, las atribuciones que la Ley le otorgue, serán por mandato y en defensa de la gente, comprendiéndose en ello, los mecanismos de anticorrupción y abuso de la función que la misma Ley fijare.
A riesgo de ser reiterativos, quede bien en claro que el poder es de la Ley y no de la Policía, esta última cumple con aquello que la Ley le ordena que haga y pueda hacer, como todo aquello que la misma no le prohíba hacer. Así también, determinará perfectamente la manera de enfrentar al delito y a sus causas generadoras.
De propiciarse una reforma en materia jurídico-policial, ésta contendrá en su espíritu, el de la comunidad que será convenientemente rescatado y en este aspecto, un mero acuerdo político-partidista no es del todo aconsejable.
El tema policial, es tan suficientemente delicado e importante por su incidencia en la calidad de vida de los habitantes, que amerita sin duda promover un gran debate legislativo y aún llamar a la consulta popular vinculante; contemplándose además, las conclusiones de las encuestas, jornadas, seminarios y reuniones de expertos como consultas con todos los actores sociopolíticos per se o a través de sus organizaciones. Toda normativa, sentará las bases doctrinarias para una nueva cultura policial que se manifestará en su labor cotidiana y en virtud a una metodología orientada hacia la prevención del delito con promoción y respeto de los derechos humanos.
Además, fijará una racional estructura organizativa y funcional absolutamente desburocratizada y con perfecta determinación de sus unidades y cargos, tanto en lo interno para los fines de la empresa como en lo externo, en su servicio de protección a la comunidad.
En este último aspecto, entendemos y recomendamos, una organización policial que cumpla claramente con la división del trabajo, separando entonces, a "los que operan de los que piensan", es decir, entre los elementos cuya misión y funciones se orientan a llevar a cabo las tareas físicas y operativas, de aquellos cuya misión y funciones, sean las de staff o asesoramiento.
De esta manera, no aportamos nada nuevo, pues estamos ratificando el tradicional Sistema de Organización, conocido como Mixto o Lineal de Estado Mayor (también conocida como de supervisión doble o múltiple), sin pretender con ello, retroceder en el tiempo u olvidarnos de la época en que vivimos con respecto a la moderna concepción de la empresa; pero es el que mejor responde a regímenes estatutarios y jerarquizados de carácter oficial como son los policiales en América Latina y El Caribe.
Ahora bien, este sistema es el que tiene la mayoría (por no decir todos) de los cuerpos policiales, los cuales lamentablemente, no supieron ni pudieron explotarlo debidamente, que lo convirtió en la cara opuesta y perversa de lo militar y de un militarismo perjudicial; impidiéndole así, desarrollarlo en su real magnitud y potencialidad, desplazando continuadamente o bien restándoles importancia, a las áreas de staff o planeamiento, so pretexto de fortalecer las operativas, en el marco de una realidad criminológica descontrolada y desbordante, que los superaba.
Desde la óptica estrictamente técnica y organizacional, en toda estructura policial, deberá verificarse la existencia primero, y sus efectos después, de todos los elementos que hagan a una organización administrativa inequívocamente democrática. La cuantificación y cualificación de estos componentes, varía conforme con el criterio de análisis empleado, no obstante lo cual, podemos considerar que en la generalidad, deben estar presentes, el elemento activo de toda organización, representado por las personas y sus actos, el vínculo asociativo, la coordinación, el elemento finalista como así también, los aspectos relacionados al tipo de organización, a la horizontalidad y la división del trabajo, la verticalidad, responsabilidad, autoridad y jerarquía, la consultoría y la auxiliaridad, el control de gestión y la capacitación interna.
En principio, debe reconocerse e identificarse, correcta y adecuadamente la condición de organización compleja de todo sistema policial que se pretenda instaurar y/o reformar. Seguidamente y como ya expresáramos, el punto de partida esencial y principal, son las personas que integran la organización policial, y preponderantemente los actos que éstos realizan dentro, y para la misma.
Contendrá además, un potenciado vínculo asociativo, producto de la previsión de mecanismos para las relaciones internas y ejecutados conforme a una coordinación racional y sistemática.
Hablar del elemento finalista, sobre la base de lo dicho precedentemente, quiere decir que las acciones llevadas a cabo en la organización por el personal policial, están dirigidas a la realización del propósito fundamental de la misma, que en nuestro caso, es la Seguridad Pública de los habitantes.
Las cuestiones de horizontalidad y distribución del trabajo, deben encontrarse igualmente previstas, mediante la existencia de espacios institucionales propicios para la especialización policial como la existencia de una escala jerárquica, y la necesaria subordinación de quienes son los ejecutores del trabajo propiamente dicho para con aquellos que constituyen el centro de coordinación o vértice piramidal de la conducción; o dicho de otra manera, entre los que operan de los que piensan.
Debe verificarse también, la debida aplicación de principios de unicidad y uniformidad, característicos en toda organización, sobre todo en las policiales, en el marco de la correcta división del trabajo, evitándose así, la sobrestructuración y clonación funcional.
En cuanto a la verticalidad como las cuestiones inherentes a la responsabilidad, autoridad y jerarquía, igualmente estarán comprendidas, al reconocerse inequívocamente, un tipo de organización que concilie la jerarquía de mando con la supervisión doble y múltiple, o dicho de otra forma, de línea y staff, compatible y aconsejada en virtud de la condición de compleja y formal que tienen los sistemas policiales en general, permitiendo cumplirse simultáneamente, con los aspectos relacionados a la disciplina y la autoridad pero con asesoramiento y supervisión, desde y entre los diferentes niveles, y a través de canales técnicos.
En este mismo contexto, estará bien determinado, el orden de prelación de los elementos que componen la estructura del sistema policial, lo cual, además de especificar los diferentes niveles de responsabilidad de la conducción, cumple con la verticalidad de la línea de la orden, en sentido descendente de arriba hacia abajo y por ende, la consecuente respuesta inversa, de abajo hacia arriba.
Además, en cada unidad orgánica determinada en todo anteproyecto, se especificará su rango y misión, cumpliéndose de esta manera con la doctrina tradicional del derecho y la organización, en cuanto a la anterioridad del cargo al funcionario que ha de ocuparlo y de todo aquello que la Ley pretende que éste último, ejecute en su nombre. Esto hace a la autoridad formal necesaria dentro de la organización, para disponer el cumplimiento de todas las acciones tendientes al logro de los fines policiales, y que se complementará con la legislación vigente en materia de personal.
Con relación a la función consultiva y auxiliar, representada a través de los organismos de staff, esto se cumplirá plenamente a la luz del tipo de organización elegido. Efectivamente, dentro de la estructura policial, quedarán establecidas convenientemente dos áreas ocupadas respectivamente por la consultoría y la auxiliaridad. En la primera, se contemplan fundamentalmente, dos unidades tradicionales para el asesoramiento de la conducción, y con sus funciones bien delimitadas para la operatoria policial como son, la jurídica y la técnica.
En la segunda, la auxiliaridad estará reconocida mediante la determinación de unidades orgánicas características para el cumplimiento de funciones como las de Personal, Logística, Comunicaciones, Informática, Administración, Sanidad, etc, que serán agrupadas convenientemente.
Sin perjuicio de ello, la génesis y espíritu de la norma legal que formalice la estructura policial, obligará también a todos los diferentes elementos especializados que integran la organización del sistema policial, a aportar su cuota de asesoramiento y auxiliaridad.
Un tema medular, es el control de gestión interno que necesariamente debe existir en todas las estructuras organizativas y funcionales democráticas, con su base filosófica orientada a ese propósito y contando con los mecanismos de sustento para la prevención, mediante la detección, identificación y neutralización, a través de actos ejecutivos, de cualquier situación de carácter organizacional y/o jurídica que condicione o posibilite el fracaso de la labor operativa policial.
En este sentido, todo anteproyecto ofrecerá el espacio institucional interno, adecuado para cumplir con este ineludible requisito de toda buena administración, sin perjuicio de otros sistemas estatales provinciales, previstos para el acceso externo y fluido, hacia la organización policial, con propósitos similares.
De corolario, todo futuro sistema policial, dentro de uno mayor que es el de la Seguridad Ciudadana, cumplirá con las exigencias y formalidades técnicas, inherentes a una organización administrativa democrática, permitiendo una correcta operatoria en un Estado de Derecho, tanto en lo interno, externo, discrecional, como del control de gestión.
No falta quienes, por interés, utilitarismo, desconocimiento o convicción, confunden al sistema de organización policial mixto como perteneciente a un militarismo perjudicial, lo cual es incorrecto, pues si bien se reconocen aspectos tradicionales de clara doctrina militar, de ninguna manera debe tildárselo de inadecuado o antidemocrático, y si está aplicado a pleno, se concilian perfectamente todos los aspectos relacionados con el ejercicio libre de la profesión policial en materia de protección ciudadana, a la vez que aportando conocimientos especializados, originalidad y creatividad para el asesoramiento de los diferentes elementos con tareas operativas, sobre la mejor manera de llevarlas a cabo y en un ámbito donde debe existir necesariamente, la unidad de mando, la autoridad, la disciplina y la estabilidad. Estamos convencidos que coadyuvará a la generación de una democrática cultura policial sustentable, y con esto lamentamos muchísimo alarmar a quienes inequívocamente confunden autoridad y disciplina, con autoritarismo o militarismo perjudicial; únicamente pretendemos que aprendan sobre instituciones policiales.
Si durante mucho tiempo, gracias al Modelo Policial imperante, autoridad más obediencia haya sido igual a delito e impunidad, gracias a los intereses inconfesables de unos pocos, felizmente muy pocos; no podemos ni debemos permitirlo más y decir basta. Las instituciones como dijimos, no son las corruptas sino los hombres; obediencia más autoridad, a los fines del trabajo policial, no son malas palabras sino condiciones de ética profesional que conllevan a la protección de la vida de las personas.
En este mismo contexto, desde un punto de vista académico y teórico, el sistema de organización mixto, por sí solo, no implica un perverso militarismo; a esta ideología, lo llevaron aquellos funcionarios, partidarios del Modelo Hegemónico, que por otra parte, les resultaba altamente beneficioso en lo personal.
De igual forma, tampoco lo estrictamente militar implica militarismo perjudicial o totalitarismo, sino que son los hombres que la dirigen, que promueven prácticas antidemocráticas; aunque no obstante ello, sea incorrecto y nada ideal su aplicación en las agencias policiales, pues lo militar es de génesis diferente a lo policial.
Podemos avanzar un poco más, considerando que toda agencia policial, debajo de su nivel más alto de conducción (Jefe policial de carrera), necesariamente conformará su Plana Mayor, en función de mínimos organismos superiores para atender integralmente las áreas de: Prevención del Delito y Protección Ciudadana, Planificación, Control de Gestión y Opinión Pública.
La primera, dedicada a lo explicitado en su misma denominación y es la que desarrollará el trabajo operativo proyectado para la tutela de la comunidad. La segunda, fijará la más amplia doctrina institucional en función de las políticas de seguridad formuladas por la autoridad de gobierno. La tercera, dedicada a detectar, corregir y/o neutralizar situaciones psicosociales conflictivas y/o delictivas dentro de la organización, y la cuarta, con incumbencias en las relaciones con la comunidad en el concepto más amplio posible, desde la publicidad de los actos institucionales para conocimiento de la población, hasta responder concretamente a la necesidad que ésta, participe e interactúe en la formulación de propuestas públicas para su propia seguridad.
Algunos ordenamientos jurídicos, determinan funciones judiciales a la Policía, en consecuencia, nada impide que sean intercalados los estamentos necesarios para el cometido. Por otra parte, este esquema general, debe desarrollarse convenientemente, estableciéndose los mecanismos de comunicación y coordinación para responder al sistema de prevención elegido.
Otro eje fundamental en todo proceso de reforma, lo constituye la determinación de una Carrera Policial que haga posible y sea el soporte académico-profesional de esa transformación cultural.
En cuanto a su ubicación en el espectro gubernamental, entendemos que debe poseer la vinculación más directa posible con el poder político, evitando innecesarias intermediaciones y con ello, no aportamos nada nuevo al reconocer que toda agencia policial por su devenir, características, amplitud y calidad de su misión, debe conformar un organismo con rango de Secretaría de Estado.
Los funcionarios designados para la conducción de una nueva Policía, serán funcionarios de carrera, exhaustivamente seleccionados, exigiéndoles la idoneidad y el conocimiento suficientes para ocupar sus cargos en cuanto a la función y tareas a desarrollar; lo cual quiere decir que además de la autoridad formal, posean autoridad técnica o moral, evitando lamentables improvisaciones a expensas de los contribuyentes, quienes tendrían que subvencionar a funcionarios con notable desconocimiento sobre como brindarles seguridad y protección, o que éstos, pretendan aprender o llevar a cabo un postgrado académico desde tales cargos, para todo caso no es posible permitir que se "aprenda sobre la marcha".
En este mismo contexto, la estructura determinará el mecanismo de relación con los funcionarios policiales en situación de retiro, a los fines de mantenerlos informados sobre el devenir institucional, como si es voluntad de éstos, y salvo que expresamente no estuviera normado en los respectivos regímenes locales de personal, se constituyan de manera individual o grupal, en fuentes permanentes de asesoramiento integral.
La Inteligencia Policial, está convocada a desarrollar un papel de significativa importancia en la determinación de la realidad criminológica del ámbito de responsabilidad territorial donde se ejerza la misión policial. Debe trabajar también, en la investigación criminal mediante la reunión y análisis de toda la información correspondiente, a las sucesivas etapas del ¨iter criminis¨, preponderando las predelictuales, y consecuentemente la postdelictual.
Así también conocer al oponente, determinar su modo de operar para adelantarse a sus acciones y neutralizarlo. Su producción laboral, tendrá incidencia directa en el despliegue operativo y metodológico policial con el propósito de lograr una saturación de verdaderos y potenciales objetivos para la delincuencia, accionando para evitar su proliferación, adelantándose a la comisión del delito y/o neutralizar su producción.
Pero la falta de ésta, conlleva, en el mejor de los casos, a un trabajo improvisado y a ciegas, realizando una saturación indiscriminada y desesperada de objetivos, que torna insostenible todo esquema de prevención por lo costoso y desgastador; y además, sin incidencia en la disminución del accionar de la delincuencia la cual, en contraposición, aumenta.
En suma, la Inteligencia Policial conciliará la teoría repetitiva del delito, conformando un mapa criminal que ubicará en tiempo y espacio al delito como su desplazamiento histórico con la teoría del raciocinio delictual, considerando entonces la posibilidad de la planificación criminal por parte del sujeto que aporta con ello una situación imponderable.
La cuestión financiera es de suma importancia.
Todo sistema policial en el marco del más amplio sistema integrado de seguridad, es caro y no admite regateos. Así como en un hospital, resulta inadmisible la falta de un médico o un medidor de presión para la atención de la salud de la población; una dependencia policial jamás puede carecer de personal, patrulleros o insumos para la protección comunitaria.
Un despliegue policial requiere de funcionarios policiales a los que hay que pagar y bien, como de sistemas logísticos que comprendan recursos materiales suficientes para evitar toda posibilidad de improvisación o corrupción. Por ello, la asignación como la distribución de estas finanzas, requiere de un alto grado de profesionalidad y responsabilidad (por ello, los elementos de staff en su organización) como del control de gestión.
- La Seguridad Ciudadana es un problema complejo, al que no se le pueden dar respuestas únicamente policiales.
- La Seguridad Ciudadana, actualmente es un problema de los Estados y en consecuencia es necesario definir políticas desde ese nivel para atacar dicho problema.
- La Seguridad Ciudadana es un fenómeno transversal, puesto que en su generación (o en la carencia de la misma) pueden intervenir diferentes políticas públicas de diferentes disciplinas y administraciones.
- Que, para el ciudadano, la inseguridad es, fundamentalmente, una cuestión de percepción subjetiva (lo que se denomina sensación térmica de seguridad). Y, que esta percepción depende en poca medida del gran delito, que por el contrario, afecta a la sensación de seguridad el delito ordinario y los actos incívicos, que son los que el ciudadano vive más cerca.
- Que, si el concepto de seguridad depende de la percepción subjetiva del vecino, lo que hace falta hacer es ver cuáles son las causas de esta inseguridad con el fin de actuar sobre ellas. La definición, conjuntamente con los ciudadanos, de una agenda de seguridad local, a través de un foro asesor de seguridad ciudadana, y la posterior medición de los resultados, es una herramienta potente, en la línea de la moderna gestión pública, respecto de la cual, las políticas de seguridad, por lo general, y la policía, en particular, no tienen que ser una excepción a su aplicación.
- No existe una estrategia y política integral de seguridad ciudadana. Si consideramos que la seguridad es un deber del Estado, destinado fundamentalmente a lograr el bienestar, la protección y la vida digna de la población que deposita en él la autoridad para su cuidado y preservación.
- El problema es complejo y multidimensional, ya que actualmente existe de por medio una serie de medidas parciales, iniciativas aisladas y sectoriales que funcionan con lógicas propias, muchas de ellas superpuestas y desconectadas entre sí. No se han desarrollado Planes Nacionales de Prevención de la Violencia, ni se ha tratado de involucrar integralmente a todos los sectores, instituciones y organismos que tienen algún tipo de compromiso y responsabilidad con la problemática de la violencia y e la seguridad ciudadana. Lo que ha primado más bien es una concepción de seguridad que se fundamenta en la represión y el control y que no considera las fases del ciclo de la violencia; por tal motivo, esas propuestas son unilaterales y no abordan de manera sistemática y eficiente el problema de la violencia y la seguridad ciudadana.
- Pese a las importantes reformas de la policía que se han emprendido en muchos de los países de la región, predomina una estructura organizacional altamente centralizada y jerarquizada. Esta situación obstaculiza la incorporación de las instancias de gobierno local a la gestión policial e inhibe el trabajo de los policías destacados en las comunidades. Como respuesta a esta situación, se debate en varios países la creación de nuevas policías con adscripción a nivel local que asuman las tareas asignadas a los cuerpos nacionales de policía.
- El personal de nuestras policías, salvo escasas excepciones, es un personal mal pagado, pobremente dotado, con bajos niveles de autoestima, escasa iniciativa y desinformado sobre los principales aspectos que afectan el entorno de la comunidad. Esta situación no propicia la implantación de un modelo que requiere de su personal altos niveles de motivación, habilidad en la comunicación, ejercicio de liderazgo a nivel comunitario, etc.
- Existen en nuestras organizaciones policiales débiles mecanismos de acopio y gestión de la información y de planificación. El modelo comunitario supone una alta recurrencia al análisis de información recogida en estadísticas, estudios de opinión, comisiones de encuesta, etc., a efectos de conocer los cambios en el perfil criminógeno de la zona, así como los factores de mayor incidencia sobre la misma.
- La débil cultura democrática que caracteriza la organización social y política en América Latina, en donde los procesos de participación y movilización ciudadana han estado dirigidos a enfrentar las estructuras de poder, más que a generar espacios de colaboración con las autoridades. El modelo resulta igualmente riesgoso frente a la tendencia de una clase política que pueda caer en la tentación de utilizar la experiencia para fines de cooptación política más que para generar un impacto real en la calidad de vida de la población.
- Debemos de entender siempre que el propósito fundamental de toda institución policial en cualquier región del mundo, sin perjuicio de la legislación vigente de cada país, es la aplicación de la ley.
- Pero la historia nos demuestra, en la generalidad y muy especialmente en la particularidad de nuestros países, que las fuerzas policiales se han visto envueltas en situaciones altamente comprometidas con una franca violación a los derechos humanos de la propia comunidad a la cual pertenecen y sirven, sembrando una dudosa constitucionalidad en su cotidiano quehacer laboral y poniendo en tela de juicio su profesionalidad a la vez que provocar un alto cuestionamiento y reproche político y social.
- La necesidad de comprometer las políticas matriciales tales como Políticas de Seguridad Ciudadana, Defensa Nacional y en materia de Administración de Justicia. Debiendo de evitarse que dichas políticas se muevan en el terreno de lo periférico, impulsos episódicos, discontinuos, dependientes de un conjunto de contingencias altamente vulnerables a lo considerado como "prioridades gubernamentales" o incluso prioridades en el gasto de una administración.
- Alerta permanente sobre la condición sustancial que reviste el respeto irrestricto de los derechos humanos y la construcción de entornos democráticos, bajo regímenes que se ciñan a la regla de derecho, donde se garantice un poder judicial independiente y eficiente. Igualmente, se deben corregir aquellas prácticas que atentan contra el fortalecimiento de las capacidades de fiscalización por parte de la sociedad civil respecto de la gestión pública.
- Los Estados deben de implementar de manera impostergable mecanismos o herramientas que permitan medir el desempeño e incidencia sobre los patrones de violencia y criminalidad.
- Los Estados deben de comprometer fondos públicos suficientes para implementar planes, programas y servicios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y atender a las personas afectadas. Al respecto se debe de plantear la formulación de planes de largo plazo, garantizados financieramente, consensuados entre las diversas fuerzas políticas, a efectos de trascender su vulnerabilidad frente a los cambios de la administración.
- La necesidad de producir estadísticas que permitan verificar las respuestas institucionales y que deben de demostrar la eficacia en acercarnos a resultados concretos respecto a los que se pueda afirmar que la realidad/problema ha comenzado a ceder.
- Se debe de generar en forma imprescindible una nueva cultura policial, es decir un cambio filosófico que se traduzca en mentalidad y metodología diferentes, donde el habitante se sienta protegido como regla general y no como suceso extraordinario.
- Aplicar la ley en el marco del respeto y protección de los Derechos Humanos y también velar por las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo donde cada funcionario policial se sienta plenamente protegido por el Estado en su condición de tal. Esto implica el inexcusable compromiso estatal de sustentar en adelante una conducta policial de transparente constitucionalidad y de protección de los mismos.
- Reconocer a las Instituciones Policiales como las Defensoras Oficiales de los Derechos Humanos de los habitantes de su comunidad y consecuentemente llevar a cabo todas las acciones orientadas a la generación de una nueva cultura donde aplicar la ley por parte de la Policía sea ni más ni menos la respuesta a una estrategia y tácticas de respeto a los Derechos Humanos. Si no fuera así, tendríamos cualquier cuerpo, formación o banda, pero nunca una Policía.
- Independientemente y más allá de una evaluación mucho más profunda sobre el comportamiento de la Institución Policial en su Comunidad, en el marco del ordenamiento jurídico local, sus integrantes tienen una tradición y cultura de "Cumplimiento de la Orden". Esa Orden, escrita o verbal, la emana un Superior quien ejerce una influencia inmediata y paradigmática, mucho más fuerte y coercitiva que la letra misma de la Ley.
- Es importante entonces que la Orden Policial sea a su vez la expresión más pura de la Ley. Y que esta Ley, sea la mejor posible.
- Entonces, debemos formar personas para una cultura democrática pues así tendremos policías con cultura democrática a quienes se capacitará en lo específico de la misión a cumplir para que sus órdenes guarden el espíritu de la Ley a la vez que interpretar rápidamente aquellas que guardan rasgos ilegales como también ilegítimos.
- Pero esta formación debe corresponderse también con la situación que se plantea en los regímenes policiales; por un lado la no deliberación, es decir no deliberar en cuanto al apego, respeto y cumplimiento de la Ley, pero por el otro, mostrar nuestra condición de profesionales que nos obliga a repasar su letra y verificar en el plano institucional la posibilidad de que su aplicación, pueda implicar injusticias o consecuencias graves que escapan a su marco tutelar.
- La Policía entonces está obligada a responder ante estas situaciones por los canales establecidos porque de esta manera responderá a su compromiso con el orden democrático. Vale aclarar que no es nuestra misión proponer leyes, eso es inequívoco de la Legislatura quien detenta el "poder de policía" pero sí, su repaso y alertar sobre consecuencias injustas que su aplicación pueda ocasionar.
- Ver como la selección de personas para ser Policías como su capacitación y formación para la función y el seguimiento personal, revisten carácter de excelencia. Por que cada policía formado y egresado de los correspondientes institutos, es quien deberá discernir en el aquí y ahora de una calle cualesquiera de nuestra Patria, virtud a mérito, oportunidad y conveniencia y con la autoridad que emana de la Ley qué conducta adoptar frente a determinada situación en la que esté involucrado un cohabitante, incluyendo la factibilidad de regular sus derechos constitucionales.
- Es por ello que tratándose de Agencias Policiales no sería inadecuado hablar de Aplicación de la Ley para los Derechos Humanos con lo cual sentenciaríamos que ninguna Policía como alguno de sus integrantes, pretenda ubicarse por encima o más allá de la Ley.
- La Institución Policial o alguno de sus integrantes que sustente una cultura que importe Aplicar la Ley a expensas de la comisión de algunos delitos, en realidad además de no estar aplicándola, la está violando mediante la adopción de conductas ilícitas o mafiosas.
- La Seguridad Ciudadana debe dirigirse a enfrentar una doble dimensión: la objetiva, referida a los hechos concretos de violencia que se producen y, la subjetiva, que tiene que ver con la percepción y las representaciones sociales que la ciudadanía se hace del problema. En éstas últimas se encuentran, por ejemplo, la imagen que se hace de la ciudad, el barrio, la comunidad y, por otro, las propias valoraciones o sensaciones que la población tiene de sí misma. Por eso, una organización social dedicada a la seguridad ciudadana debe de actuar en dos niveles para generar un conjunto de normas e instituciones que protejan a la ciudadanía. Todo ello con la finalidad de que la ciudadanía se sepa viviendo en un orden privado y público, a través de un entorno que satisfaga la seguridad y fortalezca el estado social de derecho.
- El tratamiento de esas dimensiones debería realizarse sobre la base de las siguientes intencionalidades, principios y orientaciones:
- Equidad Social. Tratar de inscribir la política de seguridad ciudadana en un contexto de justicia social con la finalidad de mejorar la calidad de la población así como mitigar la vulnerabilidad que presentan los sectores sociales de más alto riesgo: jóvenes, mujeres, ancianos, niños.
- Cultura ciudadana. Toda política que busque reducir y prevenir la violencia tiene que generar un impacto positivo en las esferas culturales y en la cotidianidad. Para ello se deben fortalecer las conductas sociales de convivencia pacífica (tolerancia, respeto, diálogo), de la vida comunitaria, de la cotidianidad a través de una orientación adecuada de los medios masivos de comunicación, especialmente la televisión educativa, y el establecimiento de programas de participación democrática que se sustenten en la diversidad de las identidades sociales que cohabitan en determinados espacios de la sociedad nacional.
- Participación social. Sin duda alguna que el origen y fin de la violencia tiene que ver con la sociedad en conjunto. Por ello no se debe excluir de las sociedades la búsqueda de mecanismos de participación de la población en la mitigación de la violencia, sea a través de las formas de organización existentes o de otras que se creen para el efecto.
- Concertación social. La seguridad ciudadana es responsabilidad múltiple; por tal motivo, es indispensable definir un marco concertado y participativo de acciones lo más amplio posible y el que estén involucrados los distintos niveles del Estado, el sector empresarial, las ONG´s y la población organizada (Sindicatos, Cámaras, Foros, Barrios, etc.)
Alegría, Ciro.-La Seguridad como derecho humano.- El Pensamiento Constitucional. Lima.
Arraigada, I. (1998).-Familias latinoamericanas: convergencias y divergencias de modelos y políticas, Revista de la CEPAL, Nº 65, Santiago de Chile, CEPAL.
Arraigada, I. Y L. Godoy (1999).- Seguridad Ciudadana y violencia en América Latina: diagnóstico y política en los años noventa, Serie de Políticas Sociales, Nº 32, Santiago de Chile, CEPAL.
Arraigada, I. (1998).- Familias Latinoamericanas: Convergencias y divergencias de modelos y políticas, Revista de la CEPAL, Nº 65, Santiago de Chile, CEPAL.
Baratta, Alesandro.- El concepto actual de seguridad en Europa.- Revista Catalana de Seguridad Pública, Nº 8, Barcelona – España. 2001.
BID (1996).- Hacia un enfoque integrado del desarrollo: Ética, Violencia y Seguridad Ciudadana.- Memoria del Encuentro de Reflexión realizado en Washington (16 – 17 de febrero).
Carrión, Fernando (1995).- Violencia Urbana y Juventud en América Latina.- SELA/BID, Caracas.
Castañeda, J. (1998).- Violencia y América Latina, La Época, Santiago de Chile, 24 de mayo.
CEPAL (1997).- Panorama Social de América Latina, 1996, LC/G.1946 – Santiago de Chile.
Chinchilla, Laura.- La Seguridad Comunitaria: Proyecto alternativo a la seguridad y participación ciudadana.- Revista Diálogo Centroamericano, Nº 37.- San José de Costa Rica. 1999
Comisión Andina de Juristas.- Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos.- Lima, Perú.- Febrero 1999.
Comisión Andina de Juristas.- Seguridad Ciudadana: Cambios necesarios.- Lima, Perú.- Febrero 1999.
Comisión Andina de Juristas.- El enfoque de los derechos humanos en las políticas públicas.- Lima, Perú. 2003.
Comisión Andina de Juristas.- Los derechos humanos y la globalización: avances y retrocesos.- Lima, Perú. 2002.
Diego García, Joan.- Presente y futuro de la policía.- Barcelona – España.
Gras, Martín.- Curso de Seguridad Pública Comunitaria.- Universidad Nacional tres de febrero.- Buenos Aires – Argentina.- 2002.
IDL (Instituto de Defensa Legal) (2001) Vecinos y ciudadanos: Manual para la participación de los gobiernos locales.– Lima.
ILPES (Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social) (1997): Guía para la identificación, preparación y evaluación de proyectos de seguridad pública, LC/IP/L. 149 – Santiago de Chile.
Nino, Carlos.- Etica y Derechos Humanos, Un ensayo de fundamentación.- Ariel Derechos.- Barcelona – España.- 1989.
Pardo Rueda, Rafael.- Nueva Seguridad para América Latina.- FESCOL.- Fundación Friedrich Ebert de Colombia y CEREC.- Universidad Nacional de Colombia.- UNIBIBLOS – Sección Imprenta – Santa Fe de Bogota – Mayo de 1999.
Reyna C. Y E. Toche (1999).- La inseguridad en el Perú, serie Políticas Sociales, Nº 29, Santiago Chile – CEPAL.
Seminario de Reflexión Científica sobre el delito y la seguridad de los habitantes.- Declaración Final, San José de Costa Rica. 1995.
Ing. David Carhuamaca Zereceda
Policía Nacional del Perú - Ingeniero en Estadística e Informática – Instructor en
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario certificado por el Comité
Internacional de la Cruz Roja.
No hay comentarios:
Publicar un comentario